La minería ilegal de oro volvió a expandirse dentro de la Reserva Nacional Tambopata, en la región Madre de Dios, provocando la deforestación de más de 500 hectáreas de bosque amazónico entre mediados de 2025 e inicios de 2026. La alerta fue emitida por especialistas de Conservación Amazónica (ACCA), tras un reciente monitoreo satelital realizado en la zona protegida.

El director de Tecnologías para la Conservación Amazónica, Sidney Novoa, explicó que el avance de estas actividades ilegales representa una seria amenaza para uno de los ecosistemas más importantes de la Amazonía peruana. Según detalló, el análisis identificó 183 infraestructuras mineras y 67 campamentos ilegales dentro de la reserva.

Además, el monitoreo permitió estimar que alrededor de mil personas estarían involucradas de manera directa en las actividades de extracción ilegal de oro. El especialista advirtió que la magnitud del daño ambiental supera incluso los niveles registrados durante anteriores invasiones mineras en Tambopata.

Entre las zonas más afectadas figura Isla Córdoba, donde se detectaron 106 hectáreas deforestadas, además de decenas de infraestructuras y campamentos ilegales. Otro punto crítico es el sector A4, con más de 100 hectáreas impactadas y fuerte presencia de maquinaria utilizada para la extracción aurífera.

La zona de Isla Correntada también presenta un severo deterioro ambiental, con al menos 111 hectáreas afectadas por la minería ilegal. En estos sectores, las organizaciones dedicadas a esta actividad continúan operando pese a tratarse de un área natural protegida.

Novoa sostuvo que el problema no solo implica destrucción ambiental, sino también la consolidación de redes criminales vinculadas a economías ilegales. Recordó que situaciones similares se registraron anteriormente en regiones como Pataz y Ático, donde la minería ilegal estuvo asociada a organizaciones delictivas y conflictos violentos.

El especialista recordó que entre 2015 y 2017 el Estado ejecutó la operación Mercurio, que permitió reducir significativamente la minería ilegal en La Pampa y reforzar la vigilancia en la zona de amortiguamiento de Tambopata. Sin embargo, señaló que con el paso de los años las acciones de control fueron perdiendo fuerza debido a crisis políticas, limitaciones presupuestales y debilitamiento institucional.

A ello se suma el incremento del precio internacional del oro, que actualmente alcanza niveles históricamente altos y genera mayores incentivos para el avance de actividades ilegales. Según Novoa, esta combinación de factores explica el retorno acelerado de la minería ilegal a zonas sensibles de la Amazonía peruana.

Respecto al sistema de vigilancia, el especialista indicó que los puestos de control administrados por el Sernanp operan principalmente con guardaparques que no cuentan con equipos ni facultades suficientes para enfrentar organizaciones criminales. Las intervenciones deben realizarse en coordinación con la Policía Nacional, la Marina y representantes del Ministerio Público.

Finalmente, Novoa cuestionó la efectividad del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya ampliación se ha extendido durante una década sin resultados concretos frente al comercio ilegal de oro. También lamentó la falta de propuestas sólidas por parte de agrupaciones políticas y candidatos presidenciales para combatir una actividad que continúa expandiéndose y afectando gravemente a la Amazonía peruana.