En los últimos 18 años, el volumen de oro ilegal exportado desde Perú ha experimentado un aumento alarmante, multiplicándose por siete desde 2005 hasta 2023, según un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE).
Este análisis, presentado en el XV Encuentro Internacional de Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), revela un panorama preocupante sobre la minería ilegal en el país y su impacto regional.
Carlos Gallardo, gerente general del IPE, destacó que el 45% del oro exportado desde Perú tiene origen ilegal. En el ranking de países exportadores de oro ilegal, Perú es seguido por Brasil (18%), Colombia (17%), Bolivia (13%) y Ecuador (7%).
Problemas paralelos
Además, el economista subrayó que la minería ilegal está estrechamente ligada al crimen organizado transnacional y a delitos como la trata de personas, contrabando y extorsión. “La minería ilegal se adapta de diversas maneras. Ya no necesitan ingresarlo por contrabando de la manera tradicional, sino que hay toda una cadena funcionando alrededor de este contrabando y se está registrando”, explicó.
Sobre la contaminación, la minería de oro artesanal es responsable de casi el 40% de las emisiones globales de mercurio, con consecuencias ambientales devastadoras. En los últimos cinco años, esta actividad ha deforestado más de 120 mil hectáreas en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. Estos datos subrayan la urgencia de abordar la minería ilegal no solo como un problema económico y social, sino también como una crisis ambiental.
El informe también destaca que la minería ilegal es un problema regional, ya que gran parte de esta actividad ocurre en áreas fronterizas, facilitando el contrabando de minerales e insumos. La falta de coordinación y políticas homogéneas entre los países de la región agrava la situación.
Recomendaciones
La mayoría de los países latinoamericanos define la minería ilegal como aquella realizada sin los permisos necesarios y en zonas prohibidas. Ante ello, Gallardo propone varias medidas para combatir este problema.
Estas incluyen acciones de interdicción permanentes, coordinadas y estratégicas; políticas de formalización con plazos estrictos y efectivos; y la implementación de una política integral de trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro del oro.
