En entrevista con Tv Perú, Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), advirtió que esta actividad ilícita se ha consolidado como uno de los principales problemas del país debido a su fuerte impacto ambiental y social.
El funcionario señaló que la minería ilegal constituye un problema de Estado que involucra no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a la sociedad en su conjunto. Indicó que sus efectos trascienden el daño ecológico y generan profundas consecuencias sociales, afectando de manera especial a comunidades nativas, principalmente en la Amazonía peruana.
García Esquerre añadió que esta problemática también perjudica a los propios trabajadores mineros, quienes suelen laborar en condiciones precarias y peligrosas. Explicó que muchos de ellos son explotados en socavones o riberas de ríos, exponiéndose a graves riesgos para su salud, como la contaminación por mercurio.
Asimismo, precisó que la minería ilegal está presente en todas las regiones del Perú, aunque con mayor gravedad en zonas como Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Pataz (La Libertad) y Puno. En ese contexto, afirmó que las acciones del Estado deben evolucionar de un enfoque principalmente coercitivo hacia uno más integral, que combine control y fiscalización con desarrollo y promoción de economías alternativas.
Respecto a la estrategia estatal, explicó que desde el 2023 opera una comisión multisectorial conformada por nueve ministerios y cinco instituciones, la cual ejecuta acciones bajo tres ejes principales: formalización, erradicación de la minería ilegal y recuperación ambiental.
Entre los avances más relevantes, destacó la exclusión de más de 50 mil registros mineros que no realizaban actividad efectiva, reduciendo el padrón a aproximadamente 31 mil inscritos. También resaltó el incremento de los operativos de interdicción, que en 2024 sumaron 745 intervenciones con incautaciones valorizadas en más de 2,240 millones de soles, cifra que se elevó en 2025 a 1,037 operativos y casi 4 mil millones de soles en material destruido o incautado.
No obstante, remarcó que la lucha contra la minería ilegal no puede sustentarse únicamente en medidas represivas. En ese sentido, informó que la comisión ha aprobado la creación de un grupo de trabajo orientado a implementar una nueva estrategia de recuperación ambiental, la cual incluirá programas de desarrollo en las zonas afectadas y el impulso de inversiones legales.
Finalmente, al referirse a la situación en Pataz, indicó que existen tres puestos de control en rutas estratégicas con participación de diversas entidades del Estado, y anunció que el Ministerio de Energía y Minas desarrolla un sistema informático para rastrear el origen del mineral. Además, destacó el incremento del presupuesto para el 2025, lo que permitirá reforzar operaciones aéreas en zonas de difícil acceso, aunque subrayó que la solución debe ser sostenida en el tiempo, combinando interdicción, control y fiscalización efectiva.
