La llamada “permisología” se ha convertido en un elemento determinante para el desarrollo de proyectos mineros en Chile. Más allá de los plazos establecidos por la normativa, los tiempos reales para obtener autorizaciones influyen directamente en la planificación de inversiones y en la capacidad del país para competir con otras jurisdicciones mineras.

En la práctica, un proyecto puede requerir entre 600 y 2.000 permisos, con procesos que se extienden entre 5 y hasta 11 años en iniciativas de gran escala. Esto implica superar ampliamente los plazos legales —en algunos casos hasta 2,7 veces—, lo que retrasa el inicio de operaciones y eleva significativamente los costos asociados.

Según Pedro Feres, estos retrasos afectan directamente la toma de decisiones de inversión. Desde m-risk advierten que, frente a estos escenarios, algunas compañías optan por reducir su exposición o incluso evaluar otros países para concretar sus proyectos.

Los mayores cuellos de botella se concentran en permisos sectoriales específicos, como concesiones marítimas, autorizaciones de la Dirección General de Aguas y servidumbres vinculadas a bienes fiscales. A ello se suma la complejidad técnica de los procesos, los altos niveles de rechazo y la falta de coordinación entre entidades, factores que prolongan los tiempos más allá de lo previsto.

Frente a este escenario, la gestión eficiente de datos aparece como una herramienta clave. Integrar la información en plataformas centralizadas permite mejorar la trazabilidad, reducir errores y anticipar riesgos, lo que puede acortar significativamente los plazos. En este contexto, la capacidad de gestionar permisos de manera ágil y coordinada se perfila como un factor crítico para sostener la competitividad de la industria minera chilena.