Las concesiones mineras en México continúan atrapadas en un escenario de incertidumbre jurídica que mantiene paralizados proyectos, inversiones y nuevos planes de exploración. A más de un año de la reforma minera de 2023, impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el sector sigue esperando definiciones regulatorias y judiciales que permitan destrabar el sistema de concesiones bajo la administración de Claudia Sheinbaum.

El principal foco del conflicto es el artículo quinto transitorio de la reforma a la Ley Minera, disposición que estableció que todas las solicitudes de concesión que no hubieran sido resueltas por la Dirección General de Minas quedarían automáticamente canceladas al entrar en vigor la nueva normativa. La medida provocó la eliminación inmediata de cientos de expedientes en trámite, generando una ola de recursos legales promovidos por empresas mineras.

Ante ese escenario, numerosas compañías optaron por presentar amparos indirectos para intentar recuperar sus solicitudes. Sin embargo, los tribunales federales comenzaron a emitir criterios distintos sobre la aplicación de la norma, lo que llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a intervenir y pedir que los casos permanecieran suspendidos hasta consolidar una jurisprudencia obligatoria. El resultado ha sido un congelamiento masivo de expedientes y una creciente incertidumbre para la industria.

A la par del conflicto judicial, el sector también espera la publicación del reglamento de la Ley Minera reformada, documento que, según versiones de funcionarios de la Secretaría de Economía, estaría listo desde finales de 2024 pero continúa sin ser publicado oficialmente. La ausencia del reglamento impide definir cómo funcionará el nuevo sistema de licitaciones para concesiones y cuál será el rol operativo del Servicio Geológico Mexicano en la exploración de nuevas áreas.

Dentro de la industria existe la percepción de que el gobierno federal analiza ajustes adicionales a la legislación antes de liberar el reglamento. La incertidumbre ha generado preocupación entre inversionistas y despachos especializados, debido a que aún no existen reglas claras para reactivar el otorgamiento de nuevas concesiones ni para determinar los criterios que utilizará el Estado para adjudicar proyectos mineros.

Otro punto que ha generado controversia es la cancelación de aproximadamente 1.200 concesiones mineras anunciada por el gobierno federal. Aunque las autoridades señalaron que se trató de devoluciones voluntarias por parte de las empresas, en el sector prevalece la percepción de que muchas compañías optaron por abandonar títulos debido a las dificultades regulatorias, los mayores costos de mantenimiento y la falta de certeza jurídica.

El impacto del congelamiento se refleja especialmente en estados mineros como Sonora y Zacatecas, considerados pilares de la producción minera nacional. Si bien las operaciones actualmente en funcionamiento mantienen vigentes sus concesiones, el desarrollo de nuevos proyectos de exploración permanece prácticamente detenido, afectando la proyección productiva de la próxima década.

Según cifras de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), la exploración minera cayó 11,5% durante 2024. La disminución se traduce en menos perforaciones, menor contratación de proveedores y una reducción en la actividad de geólogos y empresas de servicios especializados, muchos de los cuales han comenzado a trasladarse hacia mercados con marcos regulatorios más estables.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado algunos avances en la reducción de permisos pendientes relacionados con trámites ambientales y de agua, particularmente en Zacatecas. Sin embargo, esos procesos corresponden a autorizaciones gestionadas ante SEMARNAT y CONAGUA, y no resuelven el problema central relacionado con la falta de nuevas concesiones mineras.

En paralelo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene pendiente una resolución sobre la constitucionalidad de diversos artículos de la reforma minera de 2023. Empresas del sector y la CAMIMEX han impugnado varios puntos de la legislación, incluyendo el propio artículo quinto transitorio, cuya eventual invalidación podría reactivar cientos de solicitudes canceladas.

La expectativa sobre el fallo de la Corte también influye en la decisión del gobierno de retrasar la publicación del reglamento. Diversos analistas consideran que las autoridades prefieren esperar una resolución definitiva antes de consolidar el nuevo esquema regulatorio, evitando así modificar nuevamente las reglas una vez que exista un pronunciamiento judicial.

Mientras tanto, inversionistas internacionales observan con cautela el panorama mexicano. Aunque el país sigue siendo uno de los principales productores mineros de América Latina, la falta de certeza jurídica ha favorecido que parte del capital destinado a exploración migre hacia mercados considerados más previsibles, como Chile, Perú y Ecuador. La industria considera que el gobierno aún tiene margen para destrabar el sistema durante 2026, especialmente tras la firma del Plan México-Estados Unidos de Minerales Críticos, acuerdo que podría acelerar la necesidad de regularizar el marco minero nacional.