El gran aporte de la minería al desarrollo del país es incuestionable. En las últimas tres décadas, este ha representado más del 20% del crecimiento. Particularmente, en el primer semestre del 2023, gracias a su dinamismo, el sector ha evitado que el desempeño productivo nacional fuera a peor. Es una de las fuentes de mayor bienestar económico, habiendo generado más de 250 mil empleos con un fuerte componente descentralizado. Como lo ilustraba en artículos previos, la tasa de pobreza en el Perú sería un 30% mayor que los niveles actuales si no se la hubiese promovido de manera decidida desde inicios de los noventa.
Sin embargo, a pesar de la generosidad de su impacto en nuestro desarrollo, se observa desde hace más de diez años un maltrato incomprensible por parte de la burocracia estatal, que la tiene textualmente enterrada en un cerro de trámites de la que son cómplices múltiples instituciones del Estado. La permisología construida, que por sí sola ya es capaz de intimidar a cualquiera, se queda corta cuando luego constatamos que los requerimientos establecidos se terminan multiplicando aún más en “la cancha”. Dentro de la cadena de valor del sector minero, el Banco Mundial (2021) encontraba una brecha importante entre lo que las regulaciones establecen (de jure) y “el horror” que se observaba en la realidad (de facto). El informe sentencia que existe, sobre todo, serias complicaciones en la coordinación intergubernamental.
Así, dado que no existe una política funcionalmente coherente, se aprecia notoriamente la dificultad para alinear las medidas de promoción de inversiones con políticas de protección del medio ambiente y desarrollo socioeconómico, así como la falta de coordinación entre ministerios para atender con solvencia y sin contradicciones las consultas de los inversionistas. Y, lo que es peor aún, al desempeñarse cada una de las entidades del Estado cual compartimento estanco, no se ve ni planificación ni cumplimiento de los calendarios. De acuerdo con información del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, son dos los aspectos que particularmente ralentizan el proceso de concreción de la cartera de inversiones: los permisos ambientales y los acuerdos para acceso a tierras.
En relación con lo primero, si bien, según ley, el plazo de aprobación de un Expediente de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) es de 120 días hábiles, en la práctica dura cerca de 5 años. ¿Cómo puede ser eso? La respuesta está en “el poder” de nuestra burocracia para destruir valor. Se aprecia así que no hay ningún incentivo para el funcionario o institución para cumplir con el calendario, lo que hace del plazo legal “letra muerta”; los términos de referencia que son de carácter general no terminan de coincidir con las particularidades de la geografía ni del proyecto; la discrecionalidad que brinda la norma al evaluador le da carta blanca para exigir prácticamente cualquier información que se le ocurra; el proceso de observaciones al proyecto no tienen un proceso institucionalizado y predecible; solo por mencionar los puntos más álgidos. En el caso del acceso de tierras, el Banco Mundial destaca la ausencia de monitoreo oportuno del Estado, la cual solo actúa cuando la situación se transforma en un conflicto social. Otra clara muestra de una burocracia divorciada de la realidad.
Al respecto, para enfrentar el terrible problema de permisología que de forma absurda limita la concreción de la cartera de proyectos de inversión minera, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) ha venido proponiendo la implementación con urgencia de una Ventanilla Única Digital Minero-Energética (VUDME), comprendido en el Plan Nacional de Competitividad y Formalización, la cual debiera convertirse en un canal único para gestionar los permisos y autorizaciones, así como involucrar la simplificación de procedimiento administrativos.
Siendo el planteamiento anterior tan obvio e importante, y considerado en su momento como una pieza estratégica para impulsar la competitividad, lamentablemente ha caído en el olvido. Así, de la implementación programada en siete hitos, a la fecha solo se ha cumplido uno, que fue la creación del proyecto. ¡Una lágrima! Según el cronograma del plan, se debió haber cumplido cuatro hitos para estas fechas: 50% de desarrollo de la plataforma (diciembre de 2020); inicio de la implementación de VUDME en los procedimientos priorizados de hidrocarburos y electricidad (julio 2021); y su implementación para cinco procedimientos mineros priorizados y cuatro entidades (abril de 2021). Este retraso de implementación pareciera no solo ser un ejemplo más de destrucción de valor, sino también de esperanzas. Maltratar a la inversión minera de esta manera, sabiendo que trae una cartera de US$ 60 mil millones que mejoraría radicalmente nuestro perfil de crecimiento, más aún en las condiciones críticas que padece el país, no parece tener ningún sentido.
David Tuesta
Presidente del Consejo Privado de Competitividad
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