La Junta de Acreedores convocada por Indecopi respaldó con amplia mayoría el proceso de reestructuración de la empresa minera peruana, priorizando la continuidad de sus operaciones, la preservación de valor y la protección de los créditos comerciales y laborales.
La Junta de Acreedores de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. (SIMSA) aprobó con el 90,17% el inicio de la reestructuración de la empresa durante la sesión convocada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), y ratificó a la administración actual, marcando un paso decisivo para la recuperación de una de las compañías de mayor tradición en la minería peruana.
La decisión representa un hito trascendental dentro del procedimiento concursal por la celeridad con la que se alcanzaron consensos entre los acreedores y la administración de la empresa. En un plazo reducido, el proceso permitió definir una alternativa orientada a preservar el valor de la empresa, asegurar la continuidad de sus operaciones y generar mejores condiciones para el cumplimiento de las obligaciones con la totalidad de los acreedores.
La reestructuración constituye una alternativa que busca maximizar el valor económico de SIMSA frente a otras alternativas concursales, fortaleciendo las posibilidades de recuperación de la empresa y de su principal activo operativo, la Unidad Minera San Vicente, ubicada en la región Junín.
Uno de los aspectos más relevantes de la decisión adoptada es la protección de los créditos comerciales, quienes constituyen uno de los grupos de acreedores más importantes dentro del procedimiento concursal.
Asimismo, la aprobación del proceso de reestructuración permite establecer un marco que favorece el reconocimiento y atención de las obligaciones con los trabajadores, continuar con la buena relación que se mantiene con los stake holders, entre ellas las comunidades de la zona minera, y con los proveedores que continuarán prestado servicios y trabajo a esta compañía.
SIMSA forma parte de la historia de la minería peruana y ha desarrollado durante décadas una operación polimetálica reconocida principalmente por la producción de zinc, además de plomo. Si bien en los últimos años enfrentó dificultades financieras que redujeron su participación relativa en la producción nacional, la empresa mantiene operaciones activas a través de la Unidad Minera San Vicente, lo que evidencia la existencia de una base productiva sobre la cual puede impulsarse su recuperación.
La aprobación de la reestructuración refleja la voluntad de los acreedores de privilegiar una solución que preserve una empresa peruana con trayectoria en el sector minero, mantenga el potencial productivo de sus activos y contribuya a generar mejores perspectivas para trabajadores, proveedores, comunidades y demás actores vinculados a la actividad minera.
Reestructuración con respaldo mayoritario y foco en la recuperación
Mario Portocarrero Gerente General de SIMSA, administración que fue ratificada por la Junta de Acreedores con el 92,08% de los votos, señaló que, con la aprobación de la reestructuración y la ratificación de la administración, los acreedores respaldaron una estrategia orientada a preservar la continuidad de la empresa y maximizar el valor de sus activos.
“Estos acuerdos marcan el inicio de una nueva etapa para SIMSA, que contempla la elaboración y presentación del Plan de Reestructuración dentro del plazo de 60 días previsto por la Ley General del Sistema Concursal, la consolidación del reinicio de las operaciones y la recuperación financiera de la compañía, con el objetivo de generar los recursos necesarios para atender de manera ordenada las obligaciones con sus acreedores, en el marco del sistema concursal administrado por Indecopi”, subrayó Portocarrero.
Por su parte el abogado concursal y conductor del proceso de reestructuración de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. (SIMSA), Richard Almerco, destacó que la Junta de Acreedores adoptó la decisión que mejor protege la continuidad y viabilidad de la empresa, al respaldar una reestructuración sustentada en los avances de la administración para optimizar los procesos productivos, incorporar mejoras tecnológicas y fortalecer la gestión del negocio minero.
Almerco sostuvo que estas acciones consolidan las perspectivas de recuperación de la compañía en el mediano y largo plazo y favorecen el cumplimiento ordenado de las obligaciones concursales. Añadió que este acuerdo constituye un precedente de especial relevancia para el sistema concursal peruano, al demostrar que un proceso técnico y consensuado puede preservar empresas viables, proteger su valor económico y generar mejores condiciones para los acreedores.
