La congresista Ruth Luque presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen especial de responsabilidad económica, ambiental y social para Petroperú en casos de derrame de hidrocarburos ocurridos en zonas bajo su administración. La iniciativa establece que la empresa estatal deberá responder por los daños causados, sin importar si el incidente ocurre durante las fases de exploración, explotación, almacenamiento o transporte.

Según la propuesta legislativa (Proyecto de Ley N.º 11963/2024-CR), Petroperú estaría obligada a asumir de forma automática la reparación de los daños ambientales, la compensación económica a las personas naturales o jurídicas afectadas, así como los costos relacionados con la limpieza, restauración y monitoreo de las áreas impactadas, sin perjuicio de posibles sanciones administrativas, civiles o penales.

Uno de los aspectos clave del proyecto es que no se requerirá una sentencia judicial previa para activar las compensaciones. Esto permitirá atender de manera directa e inmediata a pescadores artesanales, comunidades costeras, empresas turísticas, prestadores de servicios y personas cuyas actividades económicas, salud o propiedad hayan sido afectadas por un derrame.

Además, la norma propone la creación del Fondo de Emergencia Ambiental por Derrames (FEAD) Petroperú, que sería administrado por el Ministerio del Ambiente. Este fondo recibiría un aporte anual de la petrolera estatal equivalente a no menos del 1% de su facturación, y estaría destinado a garantizar una respuesta oportuna frente a emergencias ambientales.

“Se busca establecer un régimen ágil, que no dependa de una sentencia judicial, para superar la lentitud de los mecanismos actuales”, señaló Ruth Luque en el predictamen, haciendo alusión a los prolongados procesos de indemnización registrados en casos como los derrames de crudo en Lobitos o en territorios amazónicos.