Varios países como Noruega, el Reino Unido, Rusia o Japón, presentes en la reunión de la Autoridad Internacional del Fondo Marino (ISA), que se realiza en Kingston (Jamaica), han solicitado una mayor agilidad en la elaboración de la regulación necesaria para la autorización de la minería en los fondos marinos en aguas internacionales.

El Consejo de la International Seabed Authority (ISA) termina mañana unas reuniones que empezaron el 10 de julio, y desde el próximo lunes, 24 de julio, se reunirá la Asamblea de la entidad.

La ISA es una organización internacional autónoma que organiza y vigila la exploración y explotación de los recursos en el fondo del océano fuera de la jurisdicción de cada país, y está formada por 167 países y la Unión Europea, aunque además mantiene un acuerdo de relación con la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La Autoridad, presidida actualmente por el británico Michael W. Lodge, estudia la autorización de esta actividad en una zona conocida como Clarion Clipperton, que se encuentra entre México y Hawái, y donde se han encontrado los nódulos de manganeso, unos componentes de gran riqueza para la industria tecnológica.

Los gobiernos que apoyan empresas mineras en aguas profundas, entre los que se encuentran el Reino Unido, Noruega, Rusia, Japón, India y las Islas Cook, han continuado con sus peticiones para el avance de la industria, ha explicado la organización Deep Sea Conservation Coalition (DSCC) presente en las reuniones en Kinsgton.

Noruega expresó, según DSCC, su inconformidad de no poder presentar solicitudes para la minería en aguas profundas hasta que no se adoptaran la reglamentaciones necesarias.

Y es que la mayor parte de la comunidad científica no recomienda una autorización para las actividades mineras en los fondos marinos, porque más del 90 % de especies no se conocen, lo que conllevaría una grave pérdida de biodiversidad, han afirmado varios investigadores.

Por su parte, Rusia señaló que la Comisión Legal y Técnica de la ISA “debe considerar” las aplicaciones mineras con o sin regulaciones vigentes.

Mientras la delegación del Reino Unido ha pedido “menos discusiones hipotéticas y más acción”, con el objetivo de completar las regulaciones para la minería submarina, porque “no se obtiene un marco regulatorio sólido al detener o retrasar la negociación, o al desviar de los objetivos marcados como Autoridad”.

Del otro lado, más de una veintena de países se han unido para pedir a la ISA una moratoria o pausa precautoria a la minería en los fondos marinos.

Los primeros fueron Fiyi, Palau y Samoa en junio de 2022, a los que se unieron un mes después Chile, Costa Rica, Ecuador, Micronesia y España.

Desde entonces se han sumando hasta este julio Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Panamá, Vanuatu, República Dominicana, Suiza, Suecia, Irlanda, Canadá, y el pasado viernes lo hicieron Finlandia, Portugal y Brasil, que pide una moratoria por diez años.

La delegación brasileña, según DSCC, abogó por dar más tiempo a la ciencia para conocer mejor la biodiversidad y estudiar los impactos ambientales en aguas profundas de una actividad que podría resultar muy dañina e irreversible.

Este grupo de países a favor de la moratoria pretenden detener la disposición legal que activó el Estado insular de Nauru (en el Pacífico) “en nombre de la posible empresa minera que patrocina” y que obligaría a la ISA a finalizar y adoptar regulaciones para la minería en el fondo marino en un plazo de 24 meses.

Costa Rica, en nombre de países como Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Finlandia, Francia, Alemania, Mónaco, Panamá, Portugal, Nueva Zelanda, Suiza y Vanuatu, ha pedido que “no se lleve a cabo ninguna explotación sin normas, reglamentos y procedimientos establecidos”.

La delegación costarricense afirmó que “las actividades en el área se llevarán a cabo en beneficio de la humanidad”, lo que implica que en “el clima actual de riesgo e incertidumbre, no se puede asegurar que la minería en aguas profundas beneficie a la humanidad”.

Diferentes organizaciones como DSCC, WWF, Oceans North y Greenpeace International han asegurado que contratos autorizando la minería en los fondos marinos a largo plazo “serían completamente inaceptables”.

Según las organizaciones, “implicaría cargar a las futuras generaciones con daños de la minería en aguas profundas que durarían varias décadas en repararse”.

Hace cuarenta años, cuando se concluyó la Convención del Mar de Naciones Unidas, el cambio climático y la crisis de la biodiversidad “no eran problemas conocidos”, según las organizaciones. Sin embargo, “ahora se conocen las amenazas que estas crisis representan para el planeta, y la minería en aguas profundas amenaza con exacerbarlas aún más”.

Por ello, aseguran que “es esencial una moratoria o una pausa cautelar” a la actividad minera en el mar.

EFE