El mercado internacional del oro continúa ofreciendo condiciones favorables para los productores. Aunque la cotización del metal ha retrocedido desde el récord alcanzado a comienzos de 2026, permanece muy por encima de los niveles registrados en años anteriores y las proyecciones de entidades financieras anticipan un nuevo repunte en los próximos meses. En el Perú, sin embargo, la minería aurífera formal no consigue capitalizar este escenario y continúa reduciendo su producción.

Las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (Minem) muestran que la extracción de oro sigue perdiendo dinamismo, un panorama que representa uno de los principales desafíos para la nueva gestión del sector, que busca impulsar la actividad minera sin descuidar la lucha contra la extracción ilegal.

Durante julio, el oro promedió una cotización cercana a los US$ 4,074 por onza troy, cifra inferior al máximo histórico de US$ 5,020 registrado en febrero, pero todavía 18% superior al promedio observado en 2025. Las perspectivas del mercado siguen siendo optimistas. UBS proyecta que el metal podría cerrar el año alrededor de US$ 4,600 por onza y superar los US$ 5,200 hacia mediados de 2027.

Menor producción pese al entorno favorable

A diferencia de lo que ocurre con los precios, la producción nacional mantiene una trayectoria descendente. En mayo, las operaciones formales produjeron 8.4 millones de gramos finos, volumen que representó una reducción de 5.6% respecto al mismo mes del año pasado.

El balance acumulado entre enero y mayo tampoco mostró señales de recuperación. En ese periodo se obtuvieron 41.6 millones de gramos finos, un resultado 4.4% menor frente al registrado en los primeros cinco meses de 2025.

El descenso fue generalizado entre las principales compañías auríferas. De las diez empresas con mayor producción, únicamente cuatro lograron incrementar sus volúmenes. Yanacocha encabezó el crecimiento con un avance de 21.8%, seguida por Veta Dorada, Paltarumi y Summa Gold Corporation.

En contraste, empresas como Poderosa, Retamas, Boroo Misquichilca, Ares, Shahuindo y Consorcio Minero Horizonte reportaron caídas, siendo esta última la que registró la mayor contracción, cercana al 49%. A ello se suma una reducción de 6.3% en la producción del resto de titulares mineros dedicados a la extracción aurífera.

Inversión se orienta hacia otros metales

La inversión minera mantiene un comportamiento positivo, aunque el mayor dinamismo corresponde a proyectos de cobre. Entre enero y mayo, las inversiones del sector ascendieron a US$ 2,633 millones, monto superior en 43.6% al registrado en igual periodo de 2025.

En el segmento aurífero, en cambio, la actividad inversora continúa siendo limitada. Tras el inicio de operaciones de San Gabriel, de Buenaventura, la cartera del Minem no contempla nuevos proyectos de oro con una fecha definida para iniciar construcción.

Mientras tanto, Yanacocha concentra buena parte de sus desembolsos en el cierre progresivo de sus operaciones y en programas de gestión ambiental e hídrica. Poderosa invirtió US$ 67.7 millones hasta mayo, un monto 2.2% inferior al del año anterior, mientras que Retamas elevó sus inversiones a US$ 16.7 millones, equivalente a un crecimiento de 25.4%.

Cartera con pocos proyectos auríferos

La cartera nacional de inversiones mineras comprende 66 proyectos valorizados en US$ 64,075 millones, pero solo una iniciativa enfocada en la producción de oro —Ampliación Esperanza, de Compañía Minera Caravelí— tiene previsto entrar en operación durante 2026.

El resto de proyectos auríferos más relevantes, entre ellos Conga, Ollachea, Optimización Pucamarca, Reaprovechamiento Quiruvilca y Reposición Shahuindo, aún no cuentan con un cronograma oficial para el inicio de su construcción.

Formalización e ilegalidad siguen siendo los principales retos

Más allá de impulsar nuevas inversiones, el Gobierno enfrenta el desafío de avanzar en la formalización minera y contener la expansión de la minería ilegal. El Reinfo culmina a finales de este año y la esperada Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) sigue pendiente de aprobación.

En su plan de gobierno, Fuerza Popular propuso conformar equipos integrados por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Sunat para intervenir en las zonas con mayor presencia de minería ilegal durante los primeros cien días de gestión.

Asimismo, la administración plantea como objetivo hacia 2031 reducir en 40% los accidentes fatales en minería y eliminar al menos la mitad de la minería ilegal en las zonas consideradas críticas, una meta que dependerá tanto del fortalecimiento de la fiscalización como de la capacidad para reactivar la minería formal.