Luego del atentado a la Minera Poderosa en Pataz a inicios de diciembre, quedaron pocas dudas de lo que las empresas formales del sector alertaban desde hace tiempo: la minería ilegal ha crecido en el Perú. Ahora, por información que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) brindó a Gestión mediante su portal de Transparencia, se puede dimensionar cuál es el volumen de esta actividad ilícita, al menos bajo el radar del regulador del sistema bancario.

Las cifras son contundentes. La minería ilegal no es solo el delito vinculado con mayor presencia en los registros de la entidad desde que comenzó la pandemia, sino que supera largamente a otros actividades ilegales que también recurren al lavado de activos, como el narcotráfico.

Repunte

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibe Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de parte de los sujetos obligados a informar a la SBS, como es el caso de los bancos. Con esa información, la UIF analiza la información remitida y elabora Informes de Inteligencia Financiera (IIF).

Estos informes son reportes, que pueden incluir más de un ROS, donde la UIF señala elementos que permiten sospechar que se trata de dinero de procedencia ilícita.

“Son casos que nacen en la UIF. Lo que hacemos es identificar la ruta del dinero. Pueden ser millones de dólares que se retiran en efectivo en zonas donde hay minería ilegal. La Fiscalía los valora y ellos deciden si abren carpetas fiscales”, explica Daniel Linares, intendente de análisis operativo de la UIF, a Gestión.

La UIF ha hecho 12 IIF en base a 117 ROS entre 2020 y noviembre del 2023 sobre minería ilegal. El dinero involucrado en dicho periodo es de US$ 2,392.5 millones. Desagregar ese acumulado permite ver un crecimiento considerable en los últimos 3 años.

Entre 2021 y 2022 los montos relacionados a la minería ilegal advertidos por la SBS no superaron los US$ 133.4 millones. Sin embargo, el dinero cuestionado en 2023, a noviembre, es casi siete veces mayor (US$ 805,780,835 millones).

“Los casos trabajados en 2023 han sido más complejos porque se utilizaron 75 ROS. Las organizaciones criminales tenían más activos y productos financieros. Eso hace que el dinero involucrado en nuestras investigaciones aumente”, asegura Linares.

Con los US$ 805 millones a noviembre, el volumen de las operaciones relacionadas a minería podría haber cerrado 2023 cerca de su nivel “prepandemia”. En 2019 la UIF hizo 10 IIF por un valor de US$ 977 millones.

Tanto a nivel de ROS, como de los mismos IIF, no hay otro delito vinculado al lavado de activos que esté ni ligeramente cerca de los volúmenes cuestionados por la UIF para la minería ilegal entre el 2020 y 2023. Los 17 IIF sobre delitos contra la administración pública, que ocupa el segundo puesto, suman poco más de US$ 167 millones.

Gonzalo Tamayo, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), señala a Gestión que los números indican que la política de formalización minera del Estado no ha funcionado. “Reflejan que como país hemos fracasado porque uno esperaría que con una mayor formalidad los montos sospechosos caerían”, afirma el también socio de Macroconsult.

Por su parte Luis Miguel Incháustegui, también extitular del Minem, cree que el marcado crecimiento de los montos responde a que la severidad con la que el Estado combate este crimen cayó durante la pandemia del covid-19 y no levantó hasta ahora.

“Preocupa porque son datos que confirman el incremento de la minería ilegal. Creo que la pandemia también hizo que esta actividad pueda trabajar con más fuerza de alguna forma. Los pocos esfuerzos que se tenían se han diluido”, comenta a Gestión.

Reacción

Luego de lo ocurrido en Pataz, el Gobierno ha respondido con algunas acciones para enfrentar el avance de la minería ilegal en el país. Según el Minem, el Decreto Legislativo Nº 1607 faculta a la Policía para que sancione directamente las actividades mineras que se realicen usando explosivos sin la autorización correspondiente.

Además, mediante la misma norma, se ha otorgado un plazo máximo de 90 días para que las personas naturales o jurídicas con inscripción suspendida superior a un año en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) soliciten al Minem que levanten su suspensión. Caso contrario, dejarán de formar parte del registro.

El Gobierno también oficializó, mediante el Decreto Supremo 143-2023-PCM, la creación de de una comisión permanente de alto nivel –conformada por 14 miembros, entre ellos 9 ministros– para hacerle seguimiento al proceso de formalización minera.

Incháustegui saluda las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, pero cree que los mineros artesanales que sí buscan formalizarse podrían terminar afectados una vez venza el plazo de sinceramiento del Reinfo.

“Lo ideal hubiese sido que se adopte luego de un proceso de diálogo con ellos y poder asesorarlos para que cumplan los requisitos a tiempo. Lo que pasó en Pataz los obligó a hacerlo de forma inmediata. Esperemos no respondan con paros y protestas”, indica.

Otro punto que el Gobierno podría revisar, según el exministro, es el presupuesto directamente asignado para combatir la minería ilegal. El pedido de Incháustegui podría discutirse en la misma comisión multisectorial, ya que tendrá la misión de elaborar propuestas para erradicar la actividad.

“Ya se tienen identificadas las zonas con presencia fuerte de la minería ilegal. Podrían colocarse bases militares ahí. Creo que eso podría evaluarse en la comisión”, agrega.

Para Tamayo, el grupo de trabajo es una buena idea porque redirige la responsabilidad de atender el asunto al Gobierno central. “Recordemos que el régimen de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) corre por cuenta de los gobiernos regionales. Parte de reconocer el fracaso debe incluir centralizar las acciones de combate por un tema de seguridad nacional”, explica.

Además, este grupo de trabajo será encabezada por un “alto comisionado para el combate de la minería ilegal”, que será escogido desde la PCM, según la norma. Esta idea es saludada también por las voces consultadas por Gestión.

“Será una especie de zar para enfrentar este delito y tendrá que liderar la atención de varios temas. Habrá que ver cómo avanza con ello la formalización”, comenta Incháustegui.

Según la norma que crea la comisión, este grupo se compromete a elaborar informes técnicos semestrales para dar cuenta de los avances del Estado formalización minera, erradicación de la minería ilegal y recuperación del ambiente.

Alessandro Azurín – Gestión