Petroperú denunció este martes que, en lo que va del año, se han registrado cuatro atentados contra la infraestructura del Oleoducto Norperuano (ONP). Ante esta situación, la empresa estatal exigió a las autoridades correspondientes que adopten, con urgencia, medidas efectivas para proteger este Activo Crítico Nacional (ACN) y garantizar su operatividad. El mantenimiento del ONP requiere una inversión superior a los 120 millones de dólares anuales, destinados a asegurar su funcionamiento seguro y confiable, según indicó la petrolera en un comunicado.

La empresa advirtió que estos actos vandálicos no solo ponen en riesgo la sostenibilidad del oleoducto, sino que también generan graves consecuencias ambientales y afectan la salud de las comunidades cercanas. Uno de los incidentes más recientes ocurrió el 19 de marzo de 2025, cuando se detectó una perforación en el kilómetro 315+535 del Tramo II, dentro del territorio de la comunidad nativa Sinchi Roca, en Loreto. Tras el ataque, Petroperú activó su Plan de Contingencias, logrando sellar la perforación y contener la fuga, aunque se le impidió continuar con las labores de limpieza y recolección del crudo derramado.

En su comunicado, la empresa explicó que los obstáculos y medidas de fuerza promovidos por las autoridades comunales y dirigentes locales tienen como objetivo ejercer presión sobre el Ejecutivo para obtener financiamiento de proyectos públicos. Petroperú recalcó que esta clase de demandas trasciende sus competencias y no forman parte de su gestión. Asimismo, hizo un llamado a que se respeten los marcos institucionales para canalizar estas solicitudes.

Desde el atentado de marzo, representantes de Petroperú, junto a funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Defensoría del Pueblo, han sostenido encuentros con la comunidad de Sinchi Roca con el fin de buscar acuerdos que permitan iniciar las labores de limpieza. Sin embargo, dichos esfuerzos se han visto afectados por diversas dificultades, como la retención de trabajadores y obstáculos al funcionamiento de los sistemas de contención. En la última reunión del 21 de mayo, la comunidad exigió la contratación de 100 personas y el pago de jornales diarios de 150 soles, condiciones que la empresa considera inaceptables por los incentivos negativos que generaría.

Pese a los intentos de diálogo, Petroperú informó que el 27 de mayo se produjo un nuevo atentado, derivado de la manipulación intencional de la grapa de seguridad colocada en el punto de la perforación anterior. Esta acción provocó una nueva fuga de crudo que alcanzó una quebrada cercana, incrementando el daño ambiental y los riesgos para la salud de las poblaciones vecinas. La empresa reiteró su compromiso con la protección del entorno y la seguridad de las personas, e hizo un llamado urgente para que se garantice el respeto y resguardo de la infraestructura nacional.