El Perú ingresa a un nuevo periodo marcado por el auge minero y el riesgo de una mayor conflictividad social. Así lo advierte el último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), que identifica el crecimiento de la inversión, la expansión histórica del área concesionada y el contexto político como factores que podrían desatar un ciclo de tensiones en los próximos cinco años.

Auge de inversiones y récord en concesiones mineras

Según el OCM, la cartera activa de proyectos mineros asciende a 67, con un valor de 64.000 millones de dólares. Solo en 2025, la inversión minera alcanzó los 6.228 millones de dólares, el mayor monto desde 2015.

En el primer trimestre de 2026, la cifra subió un 43,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se refleja también en el empleo formal, que llegó a 262.365 puestos en 2025, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Las concesiones mineras en Perú alcanzaron 22,67 millones de hectáreas, equivalentes al 17,6% del territorio nacional, con Apurímac como la región más concesionada.

El área concesionada a la minería también presenta un récord. A mayo de 2026, el país cuenta con 22,67 millones de hectáreas bajo concesión minera, lo que equivale al 17,6% del territorio nacional. Regiones como Apurímac, La Libertad y Áncash superan el 50% de su superficie concesionada, y en Apurímac la cifra alcanza el 76,5%.

A pesar de este avance, solo una mínima parte de estas hectáreas se encuentra en operación efectiva, mientras el resto permanece ocioso o en etapa de exploración, de acuerdo con el OCM.

Desregulación y presión política amplifican el riesgo

El informe subraya que la oferta de desregulación impulsada desde el Ejecutivo se suma a esta expansión territorial. Para José De Echave, investigador de CooperAcción, existe una tendencia oficial y empresarial a “facilitar la inversión” mediante la reducción de controles ambientales y sociales.

De Echave advierte para Infobae Perú que esa orientación puede aumentar la presión sobre los territorios y reproducir patrones de conflictividad social ya observados en ciclos previos de auge minero.
Las exportaciones mineras de Perú superaron los USD 61.800 millones en 2025, mientras la recaudación tributaria creció sin alcanzar los niveles previos a 2011.

De acuerdo con el OCM, el 45,5% de la inversión minera se concentra en el sur del país, precisamente en regiones que rechazaron mayoritariamente al partido de gobierno en las últimas elecciones presidenciales.

El desbalance entre la orientación política nacional y la legitimidad en los territorios mineros es señalado como un factor que podría agravar el clima de tensión y resistencia social.

Tributación, empleo y brecha en oro ilegal

El auge minero va acompañado de cifras récord en exportaciones, que en 2025 superaron los 61.800 millones de dólares, y de un fuerte crecimiento de la recaudación tributaria, aunque sin alcanzar los niveles previos a 2011. El empleo formal en minería registró su máximo histórico, aunque el 71,6% corresponde a trabajadores tercerizados.

El informe también advierte sobre la expansión de la minería ilegal. La brecha entre oro producido y oro exportado ya supera las 100 toneladas, con un valor estimado de 15.000 millones de dólares. El Estado ha declarado sucesivas emergencias en regiones mineras y de frontera, mientras la violencia asociada a la minería ilegal y la corrupción policial continúan en aumento.

Reinfo y el futuro de la minería informal

Otro de los puntos críticos identificados por el OCM es el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence en diciembre. El informe señala que este semestre será clave para definir el curso de la minería informal en el país y advierte que cualquier decisión en este ámbito puede tener impacto directo sobre la estabilidad social en las regiones mineras.

El OCM concluye que el avance de la desregulación, la expansión de proyectos y la falta de diálogo efectivo con los territorios mineros pueden llevar a un nuevo ciclo de conflictividad social en el periodo 2026-2031, con un impacto considerable sobre la gobernabilidad y la paz social.