En el último año, las concesiones mineras en el Perú aumentaron en 2.6 millones de hectáreas, alcanzando un total de 22 millones, luego de varios años de relativa estabilidad.

Las regiones con mayor proporción de su territorio concesionado son Apurímac (76.5%), La Libertad (63.1%), Áncash (55.1%), Lima (48.8%), Moquegua (48%) y Arequipa (46.8%).

Pese al crecimiento, José de Echave, investigador de CooperAcción, señaló que la superficie concesionada todavía se mantiene por debajo del máximo histórico registrado en 2013, cuando superó los 26 millones de hectáreas.

El especialista atribuyó el renovado interés por obtener concesiones al actual ciclo favorable de precios de minerales como el cobre, el oro y la plata, que ha incentivado a las empresas a ampliar sus áreas de exploración.

En esa línea, el Observatorio de Conflictos Mineros reporta que, al primer semestre de 2026, la cartera de proyectos en desarrollo comprende 67 iniciativas valorizadas en US$ 64,000 millones, concentradas principalmente en el sur del país.

El dinamismo también se refleja en las inversiones. Durante el primer semestre de 2026, la inversión minera alcanzó US$ 1,500 millones, un incremento de 43.7% frente al mismo periodo del año anterior. De ese monto, la macrorregión sur concentra el 64%, con alrededor de US$ 959 millones, impulsada principalmente por proyectos de cobre. El centro y el norte participan con cerca de US$ 266 millones y US$ 275 millones, respectivamente.

No obstante, desde CooperAcción advierten que la cartera actual ya no incluye megaproyectos como Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde o Quellaveco, sino iniciativas de menor escala.

Solo una fracción del territorio concesionado registra actividad

Aunque las concesiones mineras ya abarcan 17.6% del territorio nacional, apenas 2.3 millones de hectáreas presentan actividad efectiva, considerando exploración, explotación, plantas de beneficio y procesos de cierre.

«Si el Ministerio nos dice que para todas esas actividades se utilizan 2.3 millones de hectáreas, la gran pregunta es qué ocurre con el resto del territorio concesionado», cuestionó De Echave.

A su juicio, el próximo gobierno deberá revisar posibles casos de acaparamiento o especulación con concesiones mineras, en un escenario donde la presidenta electa Keiko Fujimori ha manifestado su intención de acelerar el desarrollo de proyectos extractivos.

Si bien las regiones amazónicas y Tumbes registran una baja proporción de territorio concesionado —entre 0.5% y 6%—, CooperAcción advierte un creciente interés de empresas medianas, pequeñas e incluso operadores informales por obtener nuevos derechos mineros en esas zonas.

Por su parte, Ana Leyva, abogada especializada de CooperAcción, señaló que el segundo semestre de 2026 será determinante para la política del nuevo gobierno frente a la minería informal, debido a que en diciembre vence el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La especialista sostuvo que uno de los principales retos será fortalecer la gobernanza del sector e incorporar a las comunidades indígenas en las estrategias para combatir la minería ilegal, dado que suelen ser las principales afectadas por esta actividad.