La minera canadiense First Quantum Minerals debe pagar a Panamá 375 millones de dólares por sus operaciones de 2022, dijo el miércoles el ministro de Comercio del país, añadiendo que el Gobierno ha contratado asesores para evaluar las opciones si no se llega a un acuerdo sobre un contrato.

El Ejecutivo panameño reaccionó así luego que este mismo martes el director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall, señaló que la aplicación -como ya lo ordenó el Gobierno- de un plan para el cese de operaciones comerciales “sería un paso drástico e innecesario, especialmente dados los esfuerzos de ambas partes” para lograr un acuerdo contractual que, explicó, no estaría tan lejos de ser alcanzado. “Pedimos la reconsideración de la decisión”, declaró Pascall en una conferencia telefónica.

El Gobierno recalcó que “establecer un plan de cuido y mantenimiento” o cese de las operaciones comerciales “resulta necesario porque Minera Panamá ha continuado operando la mina Cobre Panamá sin un contrato, y el statu quo irregular no puede continuar indefinidamente”. 

Es así como las resoluciones emitidas por Panamá en ese sentido “constituyen el cumplimiento necesario y esperado del fallo de la Corte Suprema de Justicia, dado el fracaso de Minera Panamá en regularizar sus operaciones”, sostiene un comunicado oficial.

Sobre las negociaciones del nuevo contrato, el Gobierno panameño afirmó que las partes “discrepan en ciertos temas fundamentales como regalías, deducciones por agotamiento, medidas internacionales para mitigar la evasión de impuestos”, entre otros. “De hecho, las propuestas de contrato de Minera Panamá presentadas más recientemente han distanciado aún más a las dos partes”, indicó el Gobierno en su comunicado, en el que defendió que “los beneficios económicos propuestos por Panamá están en línea con los estándares internacionales”.

Las operaciones en Cobre Panamá -la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica, con una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares y 5.279 trabajadores- “continúan con normalidad, sin interrupción de la producción hasta el momento”, aseguró FQM en una declaración pública.

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional en 2017 la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina, dada primeramente a otra empresa cuyos derechos recayeron tras varias ventas en MPSA.

En ese contexto, el Gobierno y MPSA iniciaron en septiembre de 2021 las negociaciones para un nuevo contrato de concesión y alcanzaron el acuerdo en enero de 2022, que incluye elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de 375 millones de dólares, “10 veces más” de lo que ha aportado la empresa anteriormente, y el pago de impuestos hasta ahora exentos. Sin embargo, no se ha logrado firmar el nuevo contrato.

“First Quantum y MPSA están preparados para estar de acuerdo con, y en parte superar, los objetivos que el Gobierno delineó en enero de 2022 relacionados con los ingresos, la protección ambiental y las normas laborales. Esto incluye un mínimo de 375 millones de dólares por año en ingresos del Gobierno, compuestos por impuestos corporativos y una regalía minera basada en las ganancias del 12 al 16 %, con protecciones a la baja alineadas con la posición del Gobierno”, añadió la empresa canadiense en un comunicado. Esta estructura de pago mínimo, agregó, “es un beneficio para el Gobierno que First Quantum cree que es único y sin precedentes en la industria minera”.

El Gobierno y FQM informaron el pasado 28 de diciembre que retomaron sus conversaciones, aunque siguen en firme tanto la orden gubernamental del cese de operaciones de la mina como el proceso de la empresa para llevar a Panamá a dos arbitrajes internacionales.