Panamá se prepara para dar un paso limitado, pero significativo, en el caso de Cobre Panamá. El gobierno evalúa emitir una resolución que permita retirar, procesar y exportar mineral que fue extraído antes del cierre de la mina en 2023. Esta medida no supone una reapertura total del proyecto, sino una alternativa para ordenar una operación detenida y recuperar valor económico de material que hoy permanece sin uso.

De acuerdo con estimaciones de la empresa First Quantum, en el sitio existen alrededor de 38 millones de toneladas de mineral acopiado. Ese volumen podría generar unas 70,000 toneladas de cobre. La compañía prevé que el procesamiento podría iniciar aproximadamente tres meses después de obtener la autorización y extenderse por cerca de un año, con el objetivo de gestionar un inventario que actualmente implica costos y desafíos técnicos.

Las autoridades han sido enfáticas en señalar que esta decisión no habilita nuevas actividades extractivas como perforación o voladura. Tanto el gobierno como la empresa han diferenciado este proceso de una reapertura formal, subrayando que se trata de una solución operativa. Esta distinción es clave en términos legales, políticos y ambientales, ya que el país aún no define el futuro definitivo del proyecto.

El camino hacia esta medida comenzó en mayo de 2025, cuando se aprobó un plan de preservación y gestión segura del sitio. Este permitió mantener la infraestructura esencial, resguardar las instalaciones y avanzar en la preparación para la eventual salida del material almacenado. Meses antes, en marzo, también se había autorizado la venta de concentrado de cobre ya existente.

Estas decisiones ya han generado efectos económicos concretos. La exportación de más de 122,000 toneladas de concentrado produjo cerca de 29 millones de dólares en regalías para el Estado panameño. Estos recursos han sido destinados a cubrir necesidades prioritarias y contribuir al mantenimiento del complejo minero, en un contexto donde el país aún enfrenta las consecuencias del cierre.

En el ámbito laboral, la reactivación parcial también podría tener impactos positivos. First Quantum proyecta la creación de nuevos empleos directos, además de los puestos actuales vinculados a la preservación del sitio. Asimismo, se espera un efecto dinamizador en sectores como transporte, logística, alimentación y servicios, especialmente en regiones afectadas por la paralización.

Sin embargo, mantener el proyecto en estado de conservación implica altos costos. La empresa estima gastos mensuales de entre 15 y 17 millones de dólares, a lo que se suman inversiones necesarias para reacondicionar instalaciones y preparar el procesamiento del mineral. En este contexto, la monetización del material almacenado aparece como una estrategia para financiar el sostenimiento del sitio.

El cierre de Cobre Panamá en 2023 tuvo un impacto considerable en la economía del país. Organismos internacionales señalaron que esta decisión influyó en la desaceleración del crecimiento económico en 2024. Además, la mina representaba una proporción relevante del producto interno bruto, el empleo y el suministro global de cobre.

Más allá de lo económico, la medida también responde a consideraciones técnicas y ambientales. La empresa sostiene que procesar el mineral acopiado ayudaría a reducir riesgos asociados a su almacenamiento prolongado, como el drenaje ácido. Asimismo, el material podría integrarse al sistema de manejo de relaves, contribuyendo a la estabilidad del sitio.

En este escenario, el gobierno panameño apuesta por una estrategia gradual. Ha priorizado acciones que permiten recuperar valor y reducir riesgos sin comprometerse aún con una reapertura total. La decisión final sobre el futuro de la mina sigue pendiente y estará condicionada por factores legales, sociales y económicos que continúan en evaluación.