La minería ilegal no solo se ha vinculado con el crimen organizado, sino que también estaría ganando terreno en la esfera política peruana. Así lo revela una reciente encuesta de Ipsos para el colectivo País Seguro, publicada el lunes 26 de mayo, que refleja una creciente percepción ciudadana sobre la influencia y el financiamiento político provenientes de esta actividad ilícita.

Iván Arenas, experto en temas mineros, advierte que la amenaza es real y creciente. Señala que, de no tomarse medidas urgentes, es probable que la minería ilegal logre representación directa en el Congreso. Para evitarlo, plantea la necesidad de un acuerdo político nacional que blinde a las instituciones frente a este tipo de infiltración. “Si no se actúa pronto, no sería extraño que la minería ilegal tenga presencia en varias bancadas del próximo Parlamento”, afirma.

La preocupación no es infundada: el 71% de los encuestados por Ipsos considera probable que la minería ilegal esté financiando la campaña electoral actual. Arenas coincide con esta percepción y agrega que en regiones como Pataz, exautoridades locales hoy son líderes en el sector minero informal, lo que evidencia una conexión directa entre ambas esferas.

Desde el Congreso, también se han alzado voces de alerta. La legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular) calificó como una amenaza al sistema democrático el hecho de que personas vinculadas a la minería ilegal estén buscando ingresar a partidos políticos y ocupar cargos públicos. “Una de las acciones más urgentes que debería tomar la presidenta Boluarte es enfrentar con firmeza esta problemática”, subrayó.

Según la encuesta de Ipsos, el 81% de los peruanos considera que la minería ilegal ejerce una influencia significativa en la política, y un 76% la responsabiliza de haber agravado la criminalidad en el país. Estos datos refuerzan la necesidad de adoptar medidas integrales para frenar su avance tanto en el ámbito social como institucional.