El politólogo Franco Olcese, del Centro Wiñaq, advirtió que la minería ilegal viene siendo percibida por la ciudadanía como un fenómeno cada vez más relevante e influyente, pero desde una perspectiva negativa. Según explicó, esta actividad no solo genera daños ambientales, sino que también está asociada al aumento de la criminalidad y a una creciente cercanía con el poder político.

Un estudio elaborado por Ipsos para el colectivo País Seguro confirma esta percepción. La investigación revela que la población identifica a la minería ilegal como la actividad ilícita que más dinero mueve en el Perú, superando ampliamente a otras economías criminales.

De acuerdo con los resultados, el 43% de los encuestados considera que la minería ilegal lidera en volumen económico dentro de las actividades ilícitas. Muy por detrás aparece el narcotráfico con 19%, seguido por la extorsión y el cobro de cupos con 12%. Otras prácticas ilegales como la corrupción, los préstamos informales conocidos como “gota a gota” y el contrabando registran porcentajes aún menores.

En su análisis, Olcese señaló que este fenómeno comienza a diferenciarse claramente de otras actividades ilícitas tradicionales. A su juicio, la minería ilegal se posiciona como un poder cada vez más visible y presente, con capacidad de influir en distintos ámbitos más allá del estrictamente económico.

A nivel territorial, el estudio muestra que la percepción del problema varía entre regiones. En zonas como Arequipa y La Libertad, los niveles de preocupación superan el promedio nacional, aunque la sensación de su presencia se extiende a todo el país. En áreas urbanas, sin embargo, parte de la población tiende a percibir el problema como distante.

Eventos recientes han contribuido a reforzar esta percepción. Casos de violencia asociados a la minería ilegal, como el asesinato de 13 personas en Pataz, han tenido repercusión nacional y han fortalecido la asociación entre esta actividad y el crimen organizado. De hecho, datos del Centro Wiñaq indican que más de la mitad de la población considera que la minería ilegal fomenta la delincuencia a nivel nacional.

En cuanto a su impacto económico directo, la mayoría de los encuestados afirma que la minería informal no afecta sus ingresos. No obstante, existe un grupo que percibe efectos negativos, especialmente en zonas como el Callao, donde la actividad genera mayor preocupación por sus consecuencias sociales y económicas.

Finalmente, el estudio también aborda la relación entre minería ilegal y política. Según Olcese, la ciudadanía percibe una cercanía significativa entre esta actividad y el poder político, así como una influencia en la toma de decisiones. A ello se suma la sensación generalizada de que el Estado no está actuando con la eficacia necesaria, ni en la lucha contra la criminalidad ni en los procesos de formalización, lo que refuerza la preocupación ciudadana frente a este fenómeno.