La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó una propuesta que plantea eliminar la irrevocabilidad de los contratos mineros y reducir el plazo de las concesiones de 30 a 15 años. La medida desconoce la complejidad y los tiempos reales que exige el desarrollo de proyectos mineros formales, y se suma a una tendencia que ha venido debilitando la competitividad del Perú en los últimos años.

A nivel global, el desarrollo de nuevos proyectos mineros es cada vez más lento y menos frecuente. Datos de S&P Global indican que el tiempo necesario para poner en marcha una mina se ha multiplicado por cuatro en las últimas tres décadas. A su vez, MinEx Consulting señala que solo el 3% de los proyectos inicia operaciones después de 15 años desde su descubrimiento, una proporción significativamente menor que la observada décadas atrás.

En el caso peruano, la situación es aún más exigente. El Instituto Peruano de Economía estima que un proyecto minero tarda en promedio 40 años en entrar en producción, y hasta 62 años en el caso de minas de cobre. Ejemplos concretos como Cerro Verde, Antamina y Quellaveco reflejan esta realidad, con procesos de maduración que han tomado entre seis y ocho décadas desde la exploración inicial hasta la operación.

Gran parte de estos plazos está vinculada a exigencias regulatorias. Aproximadamente el 60% del tiempo de desarrollo se concentra en la etapa de exploración, que depende de permisos ambientales, procesos de consulta y acuerdos sociales. Solo en 2024, los tiempos de aprobación de estudios de impacto ambiental superaron en tres veces el límite legal establecido, evidenciando cuellos de botella institucionales.

La propuesta legislativa parte de la premisa de que existen concesiones “ociosas”, interpretando que la ausencia de producción inmediata implica improductividad. Sin embargo, una concesión es apenas el inicio de un proceso que incluye estudios geológicos, evaluaciones técnicas y análisis de viabilidad económica. Imponer plazos más cortos introduce incertidumbre jurídica, afecta proyectos en curso y reduce el atractivo del país para nuevas inversiones.

Este contexto se agrava con el avance de la minería ilegal, que gana terreno precisamente donde la actividad formal se debilita. Según el Instituto Fraser, la inseguridad se ha convertido en uno de los principales factores que desincentivan la inversión minera en el país. A ello se suma el incremento de denuncias por actividades ilegales, que se han duplicado en los últimos años, reflejando una expansión preocupante del problema.

En este escenario, debilitar la estabilidad de las concesiones puede generar un efecto contrario al buscado: frenar la inversión formal y facilitar la ocupación de territorios por operaciones ilegales. Más que endurecer las condiciones, el desafío para el país pasa por fortalecer la institucionalidad, destrabar proyectos y promover una cartera minera que impulse el crecimiento económico, el empleo y la recaudación fiscal.