La minería ilegal se ha convertido en la principal fuente de producción de oro en la región de Piura, superando el 90% del total, según un informe de la Cámara de Comercio y Producción de Piura. El estudio advierte que esta actividad, al operar fuera del marco legal, ha desplazado casi por completo a la minería formal en varias zonas, consolidando un mercado paralelo de gran escala.

El fenómeno se concentra en provincias como Tambogrande y Ayabaca, donde la expansión de operaciones ilegales ha intensificado los conflictos sociales y frenado el desarrollo de proyectos formales. La limitada presencia del Estado y la desconfianza de las comunidades han contribuido a que esta actividad gane terreno de manera sostenida.

Uno de los impactos más visibles es la caída de las exportaciones formales de oro. En agosto de 2025, los envíos registraron una contracción interanual del 62%, una tendencia que también se observó en el acumulado entre enero y agosto. Este retroceso refleja cómo la producción ilegal afecta directamente la economía regional y reduce la participación del país en mercados formales.

El avance de esta actividad también genera efectos ambientales y fiscales significativos. La extracción sin control deteriora suelos y fuentes de agua, mientras que la informalidad limita la recaudación tributaria. Esto impacta no solo en los ecosistemas, sino también en actividades tradicionales como la agricultura, que dependen de condiciones ambientales estables.

El informe advierte que la persistencia de la minería ilegal responde a fallas estructurales y a la falta de acciones efectivas por parte del Estado. En un contexto político complejo, especialistas señalan que, sin medidas concretas, este problema podría profundizar los conflictos sociales y comprometer el desarrollo sostenible, consolidándose como uno de los principales desafíos del sector extractivo en el Perú.