En las últimas horas, la minera Antapaccay —ubicada en Espinar, Cusco—, reportó la reanudación de los bloqueos en el acceso a sus operaciones; a la vez que persiste, desde el 12 de enero último, el cerco a la altura de Condorama, en el corredor minero del sur, afectando también la operación minera de Constancia y Las Bambas.
Justamente Las Bambas, desde el último miércoles, ha paralizado por completo sus operaciones de producción de cobre, debido a que el cierre de la vía minera imposibilita la dotación de los insumos necesarios para el desarrollo de la actividad. Así, el impacto de la conflictividad que existe en el país, no solo está restando números en torno a la producción de metales, sino también a la cadena en su conjunto que participa.
Este es el caso de alrededor de 150 empresas contratistas que otorgan servicios de personal a alrededor de 10 unidades mineras en el sur, tales como Las Bambas, Quellaveco, Cuajone, entre otras, situadas entre Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Arequipa y Apurímac.
“Son 10,000 empleos que han sido afectados por la convulsión social, del cual un porcentaje puede incluso perderse en la medida que más minas se paralicen”, señaló Carlos Bernal, presidente de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú (Acomipe).
El representante explicó que cuando un proyecto minero se interrumpe o se retrae la producción, el número de trabajadores que se reduce, ingresa en suspensión temporal de actividades o, en caso contrario, se trata de recolocarlos con otros operadores.
“Las minas solicitan personal sobre todo para exploración, desarrollo y explotación, siendo casi el 60% del requerimiento para explotación”, indicó.
Sin embargo, otro aspecto que también se ve perjudicado por un descenso o paralización de la actividad minera, es la compra a proveedores de bienes.
Al respecto, Bernal destacó que bajo la figura de la tercerización, las empresas contratistas prestan servicio a todo costo; es decir, cuando los operarios están dentro de la mina tienen que llevar sus propios equipos, maquinarias, materiales, indumentaria y demás. “Las mineras no tienen la obligación de tener equipos, salvo maquinarias muy grandes que utilizan en alguna parte de la operación”, añadió.
En esa línea, las contratistas habrían reducido hasta en un 30% su adquisición de equipos como jumbos mineros, excavadoras, retroexcavadoras, máquinas de perforación, equipos de protección personal (casco, botas, guantes, mamelucos), servicios de transporte, entre muchos otros más.
“Hemos estimado que las empresas proveedoras y las contratistas, en su totalidad, vienen perdiendo más de US$ 130 millones entre diciembre y enero último”, refirió Bernal.
Además, dijo que esta cifra puede continuar en aumento; en tanto, las protestas se expandan a otras regiones del país, dado que más unidades mineras serán perturbadas.
Mayor impacto
En otro momento, el líder de Acomipe resaltó que, si bien los últimos acontecimientos tornaron crítica la situación del sector, los problemas de este rubro se arrastran desde hace años.
“Nosotros tenemos como país una cartera de inversiones en minería que supera los US$ 55,000 millones; sin embargo, estamos trabajando a razón del 10% de esa cartera por año; en realidad, lo que se está explotando son los planes antiguos o una que otra ampliación dentro de esos mismos proyectos. No hay proyectos nuevos, el último fue Quellaveco”, cuestionó.
Ante ello, Bernal sostuvo que la falta de ejecución de la cartera de proyectos recorta las posibilidades para los que forman la cadena de valor del sector minero.
Por su parte, Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) afirmó que desde la primera quincena de diciembre 2022 —fecha en el que iniciaron las protestas en el sur del país— hasta el 28 de enero de este año, los proveedores que abastecen directamente a las minas, han perdido cerca de S/ 120 millones; ello, a consecuencia de las manifestaciones y bloqueos de las vías hacia las compañías mineras del corredor minero del sur.
