Según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE) presentadas durante proEXPLO 2026, la expansión de la minería ilegal estaría generando un fuerte impacto económico en el Perú. El avance de esta actividad ilícita no solo limita el desarrollo de nuevos proyectos mineros, sino que también reduce la inversión y retrasa la ejecución de iniciativas estratégicas para el país. De acuerdo con el análisis, esta situación podría disminuir hasta en 12% el crecimiento potencial del Producto Bruto Interno (PBI).

El gerente general del IPE, Carlos Gallardo, señaló que la minería ilegal se ha convertido en un problema estructural que afecta directamente el desempeño del sector minero formal. Indicó que esta amenaza se suma a otros factores que frenan las inversiones, como la excesiva tramitología y los conflictos sociales, complicando la viabilidad y los plazos de ejecución de nuevos proyectos extractivos.

El IPE explicó que el Perú mantiene una importante cartera de proyectos mineros; sin embargo, muchos de ellos no avanzan con la velocidad esperada debido a barreras regulatorias, problemas sociales y la creciente presencia de minería ilegal en las zonas de influencia. Estos retrasos representan un elevado costo de oportunidad para la economía nacional, ya que impiden la generación de producción, empleo y mayores ingresos fiscales.

El informe también advierte que la menor inversión minera tiene efectos directos sobre el bienestar social y la reducción de la pobreza. Según Carlos Gallardo, entre 1.5 y 1.7 millones de personas no habrían logrado salir de la pobreza en los últimos 15 años debido al menor dinamismo de la minería formal. La paralización o demora de proyectos reduce oportunidades laborales y limita los recursos del Estado para financiar programas y servicios públicos.

Además, el avance de las economías ilegales ha debilitado la competitividad del Perú como destino atractivo para la inversión minera internacional. El IPE destacó que el país ha retrocedido en rankings globales de competitividad minera, pasando de ocupar posiciones de liderazgo a ubicaciones intermedias. Esta pérdida de confianza influye en las decisiones de inversión de las compañías mineras y podría afectar el desarrollo económico de largo plazo.