La creciente demanda mundial de cobre y otros minerales críticos para la transición energética, la electrificación de las economías, el desarrollo de infraestructura digital y el avance de la inteligencia artificial redefine el mapa global de las inversiones mineras. En ese contexto, el Perú mantiene una posición privilegiada gracias a su riqueza geológica, su larga tradición minera y a una de las carteras de proyectos más importantes de la región.

Para Luis Rodríguez-Mariátegui, socio del área de Minería del estudio Hernández, la experiencia de los últimos años demuestra que las decisiones de inversión minera responden, principalmente, al potencial del recurso y a las perspectivas del mercado internacional, más que a los ciclos políticos.

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“El inversionista minero visualiza proyectos con horizontes de 20 o 30 años. Naturalmente evalúa la estabilidad política y regulatoria, pero cuando analiza inversiones de esta magnitud el factor determinante sigue siendo la calidad del yacimiento. Hoy, en nuestra minería, hay proyectos por 64,000 millones de dólares y el reto geológico sigue siendo más relevante que el riesgo político: continúa teniendo un peso mayor», explica.

Esta dinámica ha quedado reflejada en el comportamiento de la inversión minera durante la última década. Pese a los cambios de gobierno y la inestabilidad política registrada en el país, el flujo de inversiones en exploraciones no se ha detenido. Por el contrario, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la cartera de proyectos mineros pasó de poco más de 54,500 millones de dólares en 2025 a 64,071 millones en 2026, impulsada por la mayor demanda de cobre y otros minerales estratégicos; así como por el interés de desarrollar nuevos proyectos de gran escala.

En la actualidad, el Perú disputa ser el segundo productor mundial de cobre y figura entre los principales productores de oro, plata, zinc, plomo, estaño y molibdeno. Este liderazgo cobra una relevancia especial en un escenario geopolítico marcado por la rivalidad entre las principales economías para asegurar el abastecimiento de minerales críticos necesarios para la transición energética y el desarrollo tecnológico.

“Los precios internacionales continúan siendo el principal motor de las inversiones en el sector. Hoy existe una competencia global por asegurar el suministro de minerales estratégicos y el Perú cuenta con una ventaja comparativa muy difícil de igualar al albergar históricamente algunos de los mayores y más atractivos depósitos geológicos del mundo», apunta Rodríguez-Mariátegui.

Con el proceso electoral concluido, Rodríguez-Mariátegui considera que el mercado concentrará su atención en la capacidad del nuevo Gobierno para consolidar un entorno de mayor predictibilidad y con garantías para las inversiones.

“El escenario político ya está definido. Ahora los inversionistas observarán qué tan rápido se implementan la estabilidad regulatoria, la seguridad jurídica y la capacidad del Estado para brindar reglas claras que permitan desarrollar proyectos de largo plazo», anota.

En ese contexto, el socio del estudio Hernández & Cía identifica algunos temas que marcarán la agenda minera en los próximos años: la ruta para finalizar la adecuación de operaciones informales, la actualización del marco normativo realista para la pequeña minería y la minería artesanal, y el reforzamiento de las acciones para enfrentar a la minería ilegal.

Para el especialista, estas discusiones tendrán un impacto directo sobre la competitividad del país y sobre la velocidad con la que podrán ejecutarse las nuevas inversiones.

“Las reformas regulatorias deben apuntar a generar confianza. El Perú necesita un marco legal moderno y estable, procedimientos más predecibles y seguridad jurídica para mantener su atractivo frente a otros destinos para la inversión minera”, destaca Rodríguez-Mariátegui.

El desafío de la minería ilegal

Advierte, además, que uno de los problemas que mayor preocupación genera actualmente es el incremento de actividades de minería ilegal dentro de concesiones otorgadas a operadores formales.

“La minería ilegal ya no solo representa un problema ambiental o de seguridad, también pone en riesgo la certeza jurídica de las concesiones y afecta la confianza de quienes realizan inversiones cumpliendo todas las obligaciones legales. Combatir este fenómeno será fundamental para preservar la competitividad del sector”, refiere.

A juicio del especialista, el contexto internacional representa una oportunidad que el Perú no debería desaprovechar. La demanda mundial de cobre y otros minerales críticos debería continuar creciendo durante la próxima década, impulsada por la transición energética, la digitalización y el desarrollo de nuevas tecnologías.

“El Perú tiene una ventaja geológica extraordinaria. Si esa fortaleza se complementa con estabilidad regulatoria, instituciones sólidas y políticas públicas consistentes, el país podrá consolidarse como uno de los principales receptores de inversión minera en América Latina», finaliza el socio del estudio Hernández & Cía.