El resultado de la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio presenta escenarios distintos de impacto para sectores de la economía peruana como minería, hidrocarburos y otras actividades intensivas en inversión, según un análisis publicado por Fitch Ratings.
De acuerdo con la agencia calificadora, una eventual victoria de Keiko Fujimori «probablemente impulsaría la inversión privada y la ejecución de proyectos», mientras que un gobierno de Roberto Sánchez «elevaría la incertidumbre sobre impuestos, regalías, la estabilidad de los contratos y el papel del Estado en la economía».
El análisis de Fitch fue elaborado sobre el plan de Gobierno de Fuerza Popular y el primer plan de gobierno de Juntos por el Perú. Recordemos que este último fue modificado para la segunda vuelta, pero que mantiene varios de los lineamientos generales analizados por la agencia internacional.
Fitch ve mayores riesgos para minería e inversión con JP
En su reporte, Fitch identifica a la minería como uno de los sectores que más se impactarían con las propuestas de Juntos por el Perú (JP), como es el caso de «la reducción de los plazos de concesiones mineras inactivas, la renegociación de contratos vinculados a recursos naturales estratégicos y una reforma constitucional orientada a reforzar la soberanía sobre dichos recursos»
Recordemos que el candidato de izquierda, siendo actual congresista, tiene en su listado de proyectos de ley presentados una propuesta que plantea reducir de 30 a 15 años el plazo máximo de caducidad para las concesiones mineras que se mantengan ociosas o inactivas.
Esta propuesta ha sido criticada por gremios como el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Además, en entrevista con RPP afirmó que en un eventual Gobierno impulsará una «nueva política minera» basada en estándares ambientales, mayor participación de la pequeña minería y formalización.
El análisis de Fitch también menciona iniciativas como el incremento de regalías minero-energéticas, la eliminación de exoneraciones tributarias, la creación de impuestos progresivos y mayores niveles de intervención estatal en determinados mercados.
Según la entidad, estas medidas podrían incrementar la incertidumbre para empresas mineras y de recursos naturales, afectando potencialmente las decisiones de inversión y el desarrollo de nuevos proyectos.
A contraparte, la calificadora considera que las propuestas de Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori apuntan a acelerar proyectos estratégicos, promover la inversión privada y mantener un entorno contractual estable.
Impacto en sector servicios y comercio
Las propuestas laborales de Fuerza Popular y de Juntos por el Perú, tendrían impactos opuestos en sectores intensivos en generación de empleo como servicios y comercio, además del sector agrícola.
En el caso de Fuerza Popular Fitch observa el planteamiento de incentivos para la contratación de jóvenes y apoyo a pequeñas empresas, lo cual fue calificado como una oferta «limitada»
Por el lado de Juntos por el Perú, la calificadora señala una mayor protección a los trabajadores, ampliación de beneficios para trabajadores formales y mayor actividad sindical, lo que sí sería un desincentivo a la inversión y contratación.
«Las políticas de Sánchez están orientadas a una mayor protección laboral, mayores beneficios para los trabajadores formales y sindicatos más fuertes, lo que podría llevar a las empresas a reevaluar sus planes de inversión y decisiones de contratación», afirmó Fitch.
Nuevo plan de JP con ajustes de forma
Una revisión del nuevo plan de gobierno de Sánchez, realizada por RPP, muestra que algunas de las propuestas identificadas por Fitch fueron modificadas respecto de la versión inicial, pero en el fondo mantendrían la alerta de la calificadora.
Uno de los ajustes se observa en materia de contratos. Mientras el plan inicial de JP planteaba la renegociación de contratos en sectores estratégicos, ahora incorpora un compromiso de respeto a la propiedad privada y a los contratos vigentes, pero con matices.
La renegociación contractual tampoco desaparece completamente del plan de Sánchez. El nuevo texto propone una «renegociación estratégica» de los contratos de Camisea con el objetivo de fortalecer la seguridad energética, promover la reposición de reservas, impulsar la masificación del gas natural y fomentar la industrialización.
También se registran modificaciones en el aspecto tributario, respecto al plan analizado por Fitch. La nueva versión ya no incluye una propuesta explícita para elevar en 20% las regalías minero-energéticas, pero sí un «impuesto a las utilidades extraordinarias del sector extractivo». En opinión de Fitch, esto es un desincentivo a la inversión en minería, petróleo y gas.
El nuevo plan de JP deja atrás la propuesta de eliminar todas las exoneraciones tributarias y la reemplaza por una revisión focalizada de beneficios fiscalesconsiderados inequitativos, principalmente en el sector agroexportador.
Soberanía sobre recursos y mayor rol del Estado se mantienen
Pese a estas modificaciones, varios de los ejes que preocupan a los inversionistas continúan presentes en la nueva propuesta de Juntos por el Perú.
El plan mantiene referencias a una reforma constitucional para que el Estado garantice la soberanía sobre los recursos naturales, a través de la revisión del régimen económico vigente y propone devolver al Estado un papel más activo como planificador estratégico del desarrollo.
Un tema que había advertido Fitch y que ya no está en el nuevo plan de Juntos por el Perú es el de control de precios en sectores considerados esenciales. En su lugar, el nuevo programa plantea fortalecer las facultades de Indecopi para supervisar prácticas abusivas de mercado y fiscalizar sectores como supermercados, farmacias y servicios básicos.
Gobernabilidad seguirá siendo el principal reto
Más allá de las diferencias entre ambos candidatos, Fitch considera que los principales obstáculos para la inversión seguirán estando asociados a los problemas de gobernabilidad «de larga data y una legislatura fragmentada».
La calificadora advierte que la fragmentación del Congreso y la instalación de un nuevo Senado probablemente limitarán cambios políticos importantes o acelerar grandes proyectos de inversión.
«Las persistentes limitaciones de gobernabilidad podrían retrasar las decisiones de inversión y ralentizar la ejecución de gastos de capital», señala el informe.
Pese a ello, Fitch destaca que las empresas peruanas llegan a la contienda electoral con una posición financiera sólida, respaldada por bajos niveles de deuda de corto plazo, una liquidez saludable y condiciones macroeconómicas favorables impulsadas por el crecimiento económico, la inflación controlada y los elevados precios de los minerales.
«Las empresas mineras calificadas por Fitch están bien posicionadas para este período de incertidumbre, respaldadas por balances sólidos y precios favorables de los metales. Los elevados precios del cobre, el zinc, el oro y la plata han fortalecido sus perfiles financieros», anotó.
De acuerdo con Fitch, «es improbable que la presión sobre el flujo de caja derivada de las políticas gubernamentales, por sí sola, provoque rebajas en la calificación crediticia».
La agencia señaló que la deuda corporativa de corto plazo de las empresas representa apenas el 5% de la deuda total de las compañías calificadas, lo que reduce los riesgos asociados a vencimientos inmediatos.
Además, proyectó que hacia finales de 2026 el flujo de caja operativo cubrirá casi dos veces las inversiones de capital (capex) y cerca de cuatro veces los gastos por intereses.
