Hasta el 15 de junio se han ejecutado 466 operativos de interdicción contra la minería ilegal en el país, lo que equivale a un promedio de 84 operativos al mes, informó el alto comisionado para el Combate a la Minería Ilegal, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), general Rodolfo García Esquerre.
En estas acciones se decomisaron y destruyeron bienes, maquinarias, equipos y explosivos, entre otros elementos usados en esa actividad ilícita valorizados en total en más de 1,200 millones de soles. En las intervenciones se han destruido 1,500 balsas, intervenido 41 plantas de beneficio y decomisado más de 1,200 motores, entre otros resultados.
García explicó que el Gobierno nacional fortalece la lucha contra la minería ilegal mediante una nueva estrategia nacional que articula tres ejes centrales: formalización minera, erradicación de actividades ilegales y recuperación del medioambiente. Precisó que la recientemente aprobada “Estrategia nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal al 2030” busca atacar a este flagelo desde la raíz y no solo incluye la destrucción de dragas y bocaminas, sino también controlar el flujo de insumos, maquinarías y personas que sostienen financieramente a esta actividad ilícita.
La nueva estrategia también contempla el desarrollo de economías alternativas y la recuperación de zonas degradadas con apoyo multisectorial, como ya ocurre en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, donde interviene el Comando Unificado. “Este modelo incluye control territorial, seguridad ciudadana y una mesa de desarrollo local que se replicaría en otras regiones afectadas por la minería ilegal, como Madre de Dios y Amazonas”, expresó García.
Focos de intervención
La minería aluvial en la Amazonía y la minería de socavón en los Andes son los principales focos de intervención del Estado contra la minería ilegal.
El alto comisionado recordó que en el 2024 se ejecutaron 745 operativos y que este año se mantiene un ritmo elevado.
El Estado seguirá impulsando una respuesta articulada con la participación de la Policía Nacional del Perú, las fiscalías especializadas en Materia Ambiental, las Fuerzas Armadas en zonas en emergencia, Sunat, Osinergmin, OEFA, el Ministerio de Energía y Minas, y la Sucamec.
