La controversia entre la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y la firma francesa Eramet ha dejado de ser un desacuerdo estrictamente empresarial para transformarse en un conflicto con implicancias mayores. Hoy, la disputa amenaza con retrasar el desarrollo de Salares Altoandinos, considerado uno de los proyectos de litio más relevantes del país. Su importancia radica tanto en su magnitud como en su ubicación en la región de Atacama, además del impacto que genera en la percepción de seguridad jurídica para nuevas inversiones en el sector.
Este proyecto se inserta en la estrategia chilena de expansión del litio mediante asociaciones público-privadas. En ese marco, Rio Tinto suscribió un acuerdo con ENAMI para liderar el desarrollo de la iniciativa, adquiriendo una participación controladora del 51%. La compañía también comprometió una inversión significativa, incluyendo recursos financieros y la incorporación de tecnología de extracción directa de litio. A su vez, el Estado proyecta una inversión total de 3.000 millones de dólares y estima que las operaciones podrían comenzar hacia 2032.
Sin embargo, este avance se enfrenta a antecedentes previos que complejizan el escenario. En 2023, Eramet adquirió un conjunto de concesiones mineras en siete salares de Atacama por 95 millones de dólares. Entre estos se encuentran La Isla y Aguilar, áreas clave dentro del proyecto Salares Altoandinos. La empresa sostiene que dichos derechos le otorgan una posición relevante que debe ser considerada, lo que la llevó a impugnar decisiones y activar acciones administrativas y judiciales.
El conflicto pone en evidencia una particularidad del marco legal chileno. A diferencia de otros minerales, el litio está reservado al Estado desde 1979 y no forma parte del régimen general de concesiones mineras. Su exploración y explotación requieren contratos especiales, conocidos como CEOL, o la participación directa de empresas estatales. En consecuencia, la posesión de concesiones en salares no habilita automáticamente la producción de litio.
Esta singularidad responde a razones históricas. Chile considera el litio como un recurso estratégico, asociado en su origen a usos vinculados a la energía nuclear. Por ello, la Comisión Chilena de Energía Nuclear mantiene atribuciones regulatorias sobre su manejo y comercialización. Este enfoque, heredado de la Guerra Fría, sigue influyendo en la forma en que se regula el sector en la actualidad.
El resultado es una tensión estructural. Mientras el Estado impulsa una política activa para desarrollar la industria del litio mediante alianzas con grandes actores internacionales, subsisten derechos mineros privados sobre los mismos territorios. Esta superposición genera conflictos como el actual, que no necesariamente cuestionan el potencial del sector, pero sí evidencian vacíos en la coordinación normativa.
En este contexto, ENAMI acusa a Eramet de obstaculizar el avance del proyecto, mientras que la empresa francesa defiende su actuar como una protección legítima de derechos adquiridos. El conflicto podría prolongarse por años e incluso escalar a instancias internacionales, lo que introduce incertidumbre para inversionistas, comunidades locales y autoridades que ven en Salares Altoandinos una oportunidad de desarrollo regional.
Pese a las dificultades, el proyecto mantiene su atractivo estratégico. No solo por su potencial en litio, sino también por la presencia de otros minerales en las salmueras, como boro, yodo y potasio. Su desarrollo podría generar importantes ingresos para el país y contribuir a diversificar la producción más allá del Salar de Atacama. No obstante, el desenlace del conflicto será clave para determinar si Chile logra consolidar su estrategia del litio o si las tensiones regulatorias continúan retrasando iniciativas consideradas fundamentales para la transición energética.
