El conflicto en Medio Oriente ya comienza a generar efectos visibles en las economías de América Latina y el Caribe. Desde febrero de 2026, el precio internacional del petróleo ha subido cerca de un 50%, provocando un incremento promedio de 15% en las gasolinas y de 21% en el diésel en distintos países de la región. Este escenario ha impulsado nuevas presiones inflacionarias y mayores exigencias fiscales para los gobiernos.

Así lo advirtió Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de OLACDE, quien explicó que la situación refleja la elevada exposición de América Latina a la volatilidad de los mercados energéticos internacionales. Según indicó, el alza de los combustibles impacta rápidamente en sectores estratégicos como transporte y logística, trasladando posteriormente sus efectos al precio de alimentos y bienes básicos.

Aunque la región concentra cerca del 10% de la producción mundial de petróleo y mantiene proyecciones de crecimiento hacia 2030, persisten debilidades estructurales en su matriz energética. América Latina exporta petróleo crudo, pero continúa dependiendo de la importación de combustibles refinados, situación que incrementa su vulnerabilidad frente a crisis internacionales y alteraciones en las cadenas de suministro.

A ello se suma una capacidad de refinación insuficiente y una alta dependencia de los combustibles fósiles en el consumo energético primario. Esto ocurre incluso en un contexto donde la generación eléctrica renovable ha ganado una participación significativa en varios países de la región, mostrando un avance parcial en la transición energética.

De acuerdo con estimaciones de OLACDE, un aumento de US$10 en el precio del barril de petróleo puede añadir alrededor de 0,2 puntos porcentuales a la inflación regional. El impacto varía según cada economía: los países con matrices energéticas más diversificadas y mecanismos de estabilización de precios logran amortiguar mejor estos shocks, mientras que aquellos más dependientes de las importaciones enfrentan mayores riesgos inflacionarios y fiscales.

Frente a este escenario, OLACDE realizó la semana pasada un Diálogo Ministerial para coordinar respuestas regionales a la crisis energética. Entre las principales conclusiones destacó la necesidad de avanzar en una mayor integración energética, establecer una hoja de ruta común y acelerar la transición hacia fuentes más limpias y seguras. Para el organismo, reducir la dependencia de combustibles importados no solo responde a objetivos ambientales, sino también a una estrategia de soberanía y estabilidad económica para la región.