La justicia del estado de Bahía volvió a intervenir en una de las operaciones más importantes del oro en América Latina durante 2026. En un nuevo giro, un tribunal dejó sin efecto la decisión que había detenido la venta de activos brasileños de Equinox Gold a CMOC, una transacción valorada en hasta US$1.015 millones. Aunque el conflicto legal sigue abierto, esta resolución devuelve viabilidad inmediata a un negocio que el mercado ya consideraba cerrado desde inicios de año.

El paquete de activos involucrados incluye varias operaciones clave: la mina Aurizona, ubicada en Maranhão; la mina RDM, en Minas Gerais; y el Bahia Complex, en Santaluz. Este último comprende las áreas de Fazenda y Santa Luz. Equinox había anunciado el cierre de la venta el 23 de enero, recibiendo US$900 millones iniciales, con la posibilidad de obtener hasta US$115 millones adicionales en 2027 si se cumplen ciertos objetivos de producción.

Un aspecto central de la operación fue su estructura. Equinox explicó que la transacción se realizó mediante la venta de acciones de subsidiarias fuera de Brasil que controlaban indirectamente los activos locales. Este detalle es clave para entender la defensa de las empresas, que sostienen que no hubo una transferencia directa del arrendamiento minero dentro del país.

El conflicto se originó específicamente en Bahía. La empresa estatal CBPM argumentó que la venta se llevó a cabo sin su aprobación previa, a pesar de que el contrato exige notificación y supervisión estatal. En primera instancia, el juez Dario Gurgel de Castro respaldó esta posición, imponiendo restricciones a cualquier tipo de transferencia o reorganización vinculada al activo, además de exigir la entrega de documentación y notificar a la autoridad minera nacional.

La decisión inicial se basó en una interpretación relevante: el contrato fue considerado como un acuerdo con características administrativas, derivado de un proceso de licitación y vinculado a recursos minerales de propiedad estatal. Esto elevó la importancia del interés público en el caso y amplió su alcance más allá de una simple disputa empresarial.

Sin embargo, el escenario cambió recientemente. Un tribunal superior de Bahía anuló la medida que suspendía la venta, aceptando los argumentos presentados por Equinox y CMOC. Aun así, se mantuvo la exigencia de presentar información detallada sobre la estructura societaria y los términos de la transacción.

La clave de este cambio radica en la interpretación legal. El tribunal consideró que las reorganizaciones corporativas son comunes en grandes empresas y no constituyen, por sí solas, una violación contractual. Este criterio respalda la postura de las compañías, que afirman que la entidad arrendataria original se mantuvo, mientras que los cambios ocurrieron en niveles superiores de control.

En el fondo, el caso gira en torno a cómo deben interpretarse los contratos públicos cuando hay cambios indirectos en el control corporativo. Dependiendo de la decisión final, el fallo podría sentar un precedente importante para futuras inversiones en el sector minero brasileño, especialmente en activos bajo contratos con entidades estatales.

El mercado ha seguido de cerca este proceso debido a la relevancia de los activos involucrados. Las operaciones brasileñas de Equinox generaban un flujo de caja significativo y una producción anual considerable. La disputa no solo afecta a las empresas, sino también a trabajadores, contratistas y actividades de exploración vinculadas a minas en operación.

Para CMOC, la adquisición representa una expansión estratégica en Brasil, donde ya tiene presencia en el sector minero. Para Equinox, en cambio, la venta forma parte de un plan para reducir deuda y concentrarse en otros mercados. En conjunto, el caso deja una lección clara: en proyectos mineros complejos, la seguridad jurídica es tan importante como los recursos naturales, y una correcta revisión contractual puede marcar la diferencia entre una operación exitosa y un litigio prolongado.