El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, defendió su encuentro con el presidente José Jerí, calificándolo como un “gesto de la democracia”. La reunión tuvo lugar tras una marcha de 49 días desde su provincia, en la región La Libertad, hasta Lima, con el objetivo de exponer las principales demandas de su comunidad.

Durante la reunión, realizada en Palacio de Gobierno, Mariños solicitó al Ejecutivo priorizar la construcción de un hospital en Pataz, el asfaltado de sus principales carreteras y la creación de una universidad nacional. Afirmó que estas son necesidades urgentes para el desarrollo de la provincia y que su planteamiento fue escuchado con atención por el presidente.

En respuesta a las críticas por reunirse con el mandatario, el alcalde cuestionó a los sectores que, según él, promueven la violencia como método de protesta. “Hoy eligen a un presidente y mañana ya están protestando. Por 200 o 300 personas que todo lo quieren solucionar con la violencia, no podemos escucharlos para ensangrentar a la patria”, declaró en el programa Ampliación de Noticias de RPP.

Mariños se presentó como un defensor del diálogo y destacó la transparencia del encuentro con el jefe de Estado, el cual fue transmitido en vivo. “Es un gesto democrático que se nos reciba y que se permita que todo el país vea lo que se conversa”, afirmó, al tiempo que reiteró su apertura a buscar soluciones a través de canales institucionales.

El burgomaestre también anunció la próxima instalación de una “mesa de diálogo por la unidad y la reconciliación”, prevista para el martes 14 de octubre. En este espacio se abordarán temas clave, siendo la inseguridad uno de los principales focos de discusión, en busca de respuestas concretas y consensuadas con diversos gremios y organizaciones.

Finalmente, Mariños no evitó referirse al problema de la minería ilegal, al que calificó como una amenaza permanente en la zona. Aunque reconoció que no fue tratado directamente con el presidente, afirmó que su erradicación debe ser una prioridad nacional. “Los que operan ilegalmente deben ser tratados como criminales y no tienen cabida en mesas de diálogo”, enfatizó.