En el contexto de la segunda vuelta electoral, a realizarse el 7 de junio, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) advierte que las propuestas de los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú presentan enfoques distintos, pero insuficientes, frente a uno de los principales problemas del país: la minería ilegal. Cabe resaltar que la minería ilegal es considerada la mayor economía ilícita y delictiva del Perú, generando graves daños ambientales, a la salud humana, y está vinculada a redes de crimen organizado, trata de personas, corrupción y violencia que se ha incrementado año a año.

Los especialistas del OMI concluyen que el reto central del próximo gobierno no es prolongar regímenes transitorios de formalización, o crear otro mecanismo de formalización cambiando el nombre al actual del REINFO, sino centrar esfuerzos en recuperar la capacidad estatal de gobernanza sobre todo de la cadena de valor del oro, desde la extracción hasta el comprador final.  

Al respecto, César Ipenza, vocero legal del OMI comenta que, “ninguno de los dos partidos propone medidas que eliminen el REINFO, lo que nos muestra de alguna manera es una apuesta a seguir facilitando la impunidad lo que queda de este año y que seguramente podría ser ampliado, como ha venido sucediendo en los últimos 20 años”. 

Asimismo, implica sincerar y separar el sistema, es decir, distinguir a los verdaderos pequeños mineros de aquellos medianos o grandes que utilizan este régimen excepcional para evadir el control del Estado y obtener máximos beneficios.

Ipenza concluye que, para ambos casos no existe una estrategia integral, que contenga y combine formalización efectiva con plazos de cierre como vía extraordinaria, control real del territorio y presencia de policía y fuerzas armadas, fiscalización sostenida a medianos o grandes mineros que aparecen disfrazados de pequeños.

Por otro lado, será fundamental la cooperación con diversos actores de sociedad civil y cooperación internacional para abordar esta problemática de forma articulada, además de considerar mecanismos de lucha contra la corrupción institucionalizada. 

10 propuestas para los primeros 100 días de gobierno

En ese sentido, el OMI plantea 10 propuestas prioritarias para los primeros 100 días de gobierno, orientadas a recuperar la capacidad de control del Estado, fortalecer la lucha contra la minería ilegal, avanzar hacia un proceso de formalización efectivo, entre otras propuestas.

1. Cerrar definitivamente el Reinfo, no promover su ampliación. Dentro de los 100 primeros días se deberá diseñar un nuevo régimen MAPE: temporal, con metas verificables, trazabilidad obligatoria, estándares ambientales mínimos y salida automática por incumplimiento. Esto para aquellos que mantienen vigente el proceso de formalización actual, para otros casos deberá atenderse vía proceso ordinario, es decir primero cumple la ley, luego opera. Para esto además se debe eliminar la impunidad como ha ordenado el Tribunal Constitucional de acuerdo al numeral 5.

2. Elaborar y remitir propuesta dentro de los 100 primeros días. El Ejecutivo debe tomar control de las Plantas de Beneficio y estas no sean consideradas pequeña minería, el gobierno en general no ha controlado estas y menos fiscalizado la cantidad de insumos que utilizan y su capacidad de producción. Para lo cual se deberá realizar un monitoreo digital de producción, declaración de insumos, fiscalización tributaria y ambiental y trazabilidad de mineral recibido.

3. Asignación Extraordinaria de recursos públicos para la lucha contra la minería ilegal al Ministerio Público, Policía Nacional del Perú y Marina de Guerra. Es increíble que el programa presupuestal 0128 “Reducción de la minería ilegal” asigne cero soles al Ministerio Público, eso evidencia ignorancia o corrupción para que no haya operativos de interdicción de la minería ilegal, con presencia del principal actor que es el Ministerio Público.

4. Aplicar el principio de responsabilidad de manera inmediata desde el Poder Ejecutivo. Todo aquel causante de un daño al ambiente debe asumir la responsabilidad y los costos de reparación del daño causado, los mineros que declaren ubicación y se identifique que vienen operando en una determinada zona serán responsables, penales, administrativos y civiles de toda la afectación en la zona. Para esto sólo corresponde aplicar la Ley, y el principio de responsabilidad ambiental.

5. Proceder a remitir dentro de los 100 primeros días, al Congreso de la República la propuesta que elimine la exención de responsabilidad penal, civil y administrativa de los mineros inscritos en el Reinfo, tal como ha ordenado en abril del 2025 el Tribunal Constitucional, sentencia que pese a su obligatoriedad no viene siendo cumplida por los poderes públicos.

6. Implementar de manera urgente y prioritaria en la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas de medidas de lucha contra la corrupción y el ISO Antisoborno. Se ha evidenciado lamentablemente el mal funcionamiento y denuncias no atendidas de corrupción dentro del sector minería.

7. Presentar al Congreso de la República iniciativa legislativa que promueva la eliminación progresiva del uso de mercurio en la MAPE y promover el uso de tecnologías limpias. Debiendo proponer al 2030 la eliminación y prohibición total. Por otro lado, corresponde al Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Ambiente aprobar el Plan de Acción Nacional sobre mercurio en la minería de pequeña escala que busca reducir y eliminar el uso de mercurio en línea con el Convenio de Minamata, deuda pendiente del estado peruano.

8. El Poder Ejecutivo a través del MINEM debe emprender el funcionamiento y puesta en operaciones del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), convertirlo en plataforma obligatoria interoperable para:  trazabilidad de insumos, trazabilidad del mineral, monitoreo ambiental, control tributario, verificación de producción. Este sistema facilitará la transparencia y así evitará la impunidad y corrupción, pendiente de implementar por el Ejecutivo desde 2024.

9. El Poder Ejecutivo debe ejercer su rol de gobierno nacional – unitario y asumir la formalización minera para lo cual debe utilizar las herramientas legales para que los gobiernos regionales transfieran de manera inmediata el acervo documentario de los expedientes de mineros en proceso de formalización, caso que lamentablemente no ha sucedido pese al mandato de diversas leyes.

10. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas deben aprobar dentro de los 100 primeros días un decreto supremo que prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras en cualquier río amazónico, situación que se viene dando en los últimos años, y ´pese a que la actividad minera está prohibida sobre los cuerpos de agua, y una “concesión no da derecho a explotarla” se ha convertido en un mecanismo constante para operar en la impunidad y aduciendo derechos sobre estos espacios.

Finalmente, el OMI concluye que la lucha contra la minería ilegal será uno de los principales desafíos del próximo gobierno y requerirá decisiones firmes desde el primer día para recuperar la gobernanza del territorio y proteger los ecosistemas amazónicos.