Las exportaciones de oro ilegal en Perú superaron los US$11.500 millones durante 2025, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). La cifra representa un incremento de 55% respecto a 2024 y multiplica por 6,5 el valor registrado hace una década, consolidando el crecimiento de esta actividad ilícita en el país.

El avance de la minería ilegal también se refleja en el sistema judicial. De acuerdo con el IPE, las denuncias registradas en el Ministerio Público pasaron de 1.266 en 2021 a 2.601 en 2025. Las regiones con mayores incrementos fueron La Libertad, Cajamarca y Madre de Dios, territorios donde la presencia de minería informal e ilegal continúa expandiéndose.

En paralelo, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a minería ilegal presentados ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS alcanzaron los US$6.036 millones en 2025. El monto cuadruplica lo reportado en 2024 y representa un crecimiento ocho veces mayor frente a los niveles registrados en 2016, evidenciando el aumento de flujos financieros asociados a esta actividad.

El IPE señaló que esta expansión responde principalmente al incremento del precio internacional del oro, que superó los US$4.500 por onza durante 2025, y a las limitaciones del Estado para controlar territorios donde convergen distintas economías ilegales. En zonas como Pataz y Tambopata, la minería ilegal convive con actividades vinculadas al narcotráfico y otras redes ilícitas.

Además del impacto ambiental y fiscal, el avance de la minería ilegal ya afecta inversiones formales por más de US$12.000 millones. Entre los proyectos comprometidos figuran Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira. El deterioro de la competitividad minera peruana también se refleja en el retroceso del país en el ranking del Instituto Fraser.

Frente a este escenario, el Instituto Peruano de Economía revisó las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en siete ejes relacionados con el combate a la minería ilegal, entre ellos formalización, trazabilidad, fiscalización, desarrollo alternativo y presencia estatal. Según el análisis, Fuerza Popular presenta iniciativas en seis de esos ejes, mientras que Juntos por el Perú plantea propuestas en dos.

Uno de los principales cuestionamientos del IPE es que ninguna de las agrupaciones propone eliminar el REINFO ni establecer plazos definitivos para la formalización minera, pese a que solo el 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse en más de diez años. En el caso de Juntos por el Perú, además, se plantea impulsar cooperativas y parques mineros bajo supervisión estatal, modelo que ha sido cuestionado por experiencias previas en Bolivia.

En materia de trazabilidad, Juntos por el Perú propone una mayor participación del Estado en la comercialización del oro, incluso mediante esquemas de exclusividad estatal. El IPE considera que, sin mecanismos sólidos de control y trazabilidad, estas medidas podrían terminar facilitando la legitimación de producción ilegal en lugar de combatirla.

Finalmente, ambas agrupaciones coinciden en plantear reducciones en los plazos de las concesiones mineras. El IPE advierte que este tipo de propuestas podrían generar mayor incertidumbre jurídica y desincentivar la inversión formal, en un contexto donde los proyectos mineros requieren décadas para entrar en producción. A ello se suma la propuesta de revisar regalías y contratos mineros, pese a que Perú ya mantiene una carga fiscal minera superior a la de países como Chile y Australia, según datos del FMI.