La minería ilegal en Perú continúa expandiéndose y consolidándose como una de las principales amenazas económicas, ambientales y de seguridad del país. Durante 2025, las exportaciones de oro de origen ilegal superaron los US$11.500 millones, una cifra que representa un crecimiento de 55% respecto al año anterior y multiplica por 6,5 el valor registrado hace una década.
El crecimiento de esta actividad también se refleja en el sistema penal y financiero. Las denuncias relacionadas con minería ilegal registradas por el Ministerio Público pasaron de 1.266 en 2021 a 2.601 en 2025. Las regiones más afectadas fueron La Libertad, Cajamarca y Madre de Dios, donde el incremento de casos ha sido particularmente acelerado en los últimos años.
En paralelo, los reportes de operaciones sospechosas vinculados a minería ilegal presentados ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS alcanzaron los US$6.036 millones en 2025, cuadruplicando el monto registrado durante 2024. En comparación con otros delitos, el crecimiento de estos reportes ha sido considerablemente mayor, evidenciando la creciente dimensión económica de esta actividad ilícita.
Especialistas atribuyen esta expansión principalmente a dos factores. El primero es el fuerte aumento del precio internacional del oro, que durante 2025 superó los US$4.500 por onza, elevando significativamente la rentabilidad de la minería ilegal. El segundo es la limitada capacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre territorios donde convergen distintas economías ilícitas, como ocurre en zonas de Pataz y Tambopata.
Las consecuencias no solo afectan al medio ambiente y a la recaudación fiscal. El avance de la minería ilegal también ha comprometido inversiones formales superiores a US$12.000 millones, incluyendo proyectos como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira. A ello se suma la pérdida de competitividad minera del país, reflejada en el retroceso de Perú dentro del ranking del Instituto Fraser.
Frente a este escenario, el Instituto Peruano de Economía (IPE) evaluó las propuestas de los partidos con mayores posibilidades de avanzar a una segunda vuelta presidencial: Fuerza Popular y Juntos por el Perú. El análisis consideró siete ejes prioritarios relacionados con formalización minera, fiscalización, trazabilidad, presencia estatal y cooperación interinstitucional. Según el estudio, Fuerza Popular presenta iniciativas en seis de esos ejes, mientras que Juntos por el Perú aborda dos.
Pese a las diferencias entre ambas agrupaciones, ninguna plantea eliminar el REINFO ni establecer plazos definitivos para la formalización minera, pese a que solo el 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse en más de una década. Además, Juntos por el Perú propone impulsar cooperativas y parques mineros bajo administración estatal, además de una mayor intervención del Estado en la comercialización del oro. Analistas advierten que, sin mecanismos sólidos de trazabilidad y control, estas medidas podrían terminar facilitando la legitimación del oro ilegal en lugar de reducir su expansión.
