Cerca de 800,000 ciudadanos en Argentina se han sumado a una demanda colectiva que será presentada próximamente contra la reforma de la ley de protección de glaciares, anticipando un conflicto judicial de gran escala en torno al acceso y resguardo del agua.

La modificación fue aprobada recientemente por el Congreso argentino, impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. Ese mismo día, la provincia de La Pampa presentó un amparo colectivo ante tribunales federales, marcando el inicio formal de la disputa legal.

En paralelo, diversas organizaciones ambientalistas avanzan en una segunda acción judicial abierta a la adhesión ciudadana. La convocatoria ha tenido una respuesta masiva, con cientos de miles de firmas que respaldan la iniciativa.

Los impulsores de la demanda anticipan un proceso largo y complejo. Según señalan, el volumen de adhesiones refuerza el peso político y jurídico del reclamo frente a la reforma.

Además de la vía local, los demandantes no descartan acudir a instancias internacionales. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, afirmó que el eje central del conflicto es la protección del agua como recurso estratégico.

La acción judicial sostiene que la reforma es inconstitucional, ya que vulnera el artículo 41 de la Constitución argentina y contradice tratados internacionales vigentes con jerarquía constitucional.

La ley original de 2010 establecía la protección de glaciares y zonas periglaciales como reservas clave de agua. Con la reforma, se transfiere a las provincias la facultad de definir en qué áreas se pueden habilitar actividades mineras.

Hasta ahora, esas zonas estaban estrictamente protegidas si formaban parte del inventario nacional de glaciares. El nuevo esquema abre la puerta a evaluaciones caso por caso, lo que genera preocupación en sectores ambientalistas.

Desde el Gobierno y la industria minera argumentan que el cambio permitirá dinamizar la economía. Según estimaciones del sector, podrían activarse inversiones por hasta US$40,000 millones en proyectos de cobre, oro y plata.

Especialistas como Leandro Gómez, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, advierten que la reforma podría beneficiar incluso a emprendimientos ya en operación, ampliando su alcance de forma retroactiva.

El conflicto tiene antecedentes relevantes: en 2019, la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley original frente a una demanda de Barrick Gold. Sin embargo, el nuevo escenario político y económico plantea interrogantes sobre cómo se resolverá esta nueva disputa, en un contexto donde crece la presión global por el desarrollo de recursos minerales estratégicos.