Mediante una carta dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los extrabajadores de Doe Run expresaron su rechazo ante la posible designación de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como nueva liquidadora de la empresa minera. Su oposición se basa en presuntos conflictos de interés e incumplimientos de requisitos por parte de dicha firma, cuya elección aún no ha sido formalizada por Indecopi.
Los trabajadores señalan que Alva Legal, representada por Sonia Alva Rodríguez, tendría un vínculo con AYS S.A.C., uno de los acreedores de Doe Run con derecho a voto en el proceso concursal. Esta relación la colocaría en una posición de juez y parte. De hecho, han evidenciado que la firma se abstuvo o votó en contra del convenio de liquidación en recientes sesiones de la Junta de Acreedores.
Cabe recordar que la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi decidió enviar a Bolsa de Liquidación el caso de Doe Run Perú, que arrastra más de 14 años de deudas sin saldar. Esta medida busca encontrar una empresa que asuma la liquidación de activos, proceso que afecta directamente a más de 3.500 extrabajadores y sus familias.
Los extrabajadores denuncian que un acreedor que ya ha votado en contra de las propuestas impulsadas por ellos no debería postular ni ser considerado como posible liquidador. Además, cuestionan el pasado laboral de Sonia Alva Rodríguez, quien fue funcionaria en la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales y en la Sala Concursal del mismo Indecopi.
También acusan a Alva Legal de mantener nexos con estudios de abogados como Muñiz —representante de Doe Run Cayman— y el Estudio Grau, defensor legal de Depósitos Químicos Mineros S.A.C., ambos acreedores que estarían buscando recuperar sus créditos por encima de los derechos laborales. Según los extrabajadores, esta alianza pretende bloquear la venta de activos claves como la Unidad Minera Cobriza y el Complejo Metalúrgico de La Oroya.
En el documento enviado a la PCM, los firmantes advierten que Doe Run Cayman, Depósitos Químicos Mineros y Alva Legal, a través de AYS S.A.C., se oponen a la culminación del proceso de liquidación, desestimando la prioridad legal que tienen los créditos laborales. Por ello, exigen una reunión urgente con la PCM y demandan que la elección del nuevo liquidador se haga mediante una Junta Única de Acreedores, advirtiendo que, de no atenderse su reclamo, podrían iniciar movilizaciones en defensa de sus derechos.