El Tribunal Ambiental realizó una audiencia destinada a revisar la medida cautelar que actualmente mantiene suspendidas las operaciones de la empresa Quiborax S.A. en el Salar de Surire. Esta instancia se enmarca en la demanda por presunto daño ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la cual busca determinar eventuales responsabilidades por afectaciones al ecosistema del lugar.

La revisión se produjo a raíz de una solicitud de alzamiento parcial presentada por la empresa, en relación con la última prórroga de la medida cautelar decretada el 26 de marzo. A través de esta petición, Quiborax busca que se autorice un régimen de explotación limitado tanto en el espacio como en el tiempo, específicamente en una zona del salar que se encuentra desafectada de las restricciones más estrictas.

Durante la audiencia, ambas partes expusieron sus argumentos respecto de si la medida debía mantenerse o modificarse. En primer lugar, la defensa de la empresa, representada por el abogado Mario Galindo, explicó el impacto que el proceso judicial ha tenido en la compañía, destacando el perjuicio económico que podría derivar incluso en una eventual liquidación forzada. Asimismo, subrayó que la actividad desarrollada por la empresa ha sido históricamente lícita y autorizada por el propio Estado.

En cuanto a la solicitud de alzamiento parcial, la defensa argumentó que esta se basa en antecedentes comprobados y no en hipótesis. Según indicó, existe conocimiento preciso sobre cómo se desarrollan las operaciones, bajo qué condiciones son fiscalizadas y cuáles son sus efectos reales, especialmente en relación con la fauna que se busca proteger en el ecosistema del salar.

Además, se detalló que la propuesta contempla mantener las mismas medidas de resguardo, pero bajo un régimen excepcional acotado entre los meses de mayo y diciembre. Este plan incluiría una extracción limitada de mineral en 12 polígonos específicos, con el objetivo de compatibilizar la actividad productiva con la protección ambiental.

Por su parte, representantes de terceros coadyuvantes, como comunidades locales y trabajadores de la empresa, también manifestaron su postura. El abogado Hugo Botto señaló que los comuneros del Salar de Surire y Caracota han sufrido impactos económicos, sociales y culturales a raíz de la paralización, incluyendo un deterioro en la cohesión comunitaria. En la misma línea, el abogado de los sindicatos, Gastón Padilla, destacó la difícil situación que enfrentan los trabajadores y sus familias.

Finalmente, el Consejo de Defensa del Estado reafirmó su oposición al alzamiento parcial de la medida cautelar. Su representante, el abogado Agustín Tello, advirtió que la reanudación de actividades implica riesgos para la población de flamencos y para el equilibrio integral del salar. Argumentó que no existen nuevos antecedentes científicos que justifiquen modificar la medida vigente y que la propuesta de la empresa incluso amplía las condiciones de explotación previamente autorizadas, lo que refuerza la necesidad de mantener la cautelar.