El Tribunal Constitucional (TC) dictó recientemente que los mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no deben quedar exonerados de responsabilidad penal por delitos ambientales. Asimismo, instó al Congreso y al Poder Ejecutivo a evitar la continuidad de un sistema que favorezca la impunidad a través del Reinfo, subrayando la necesidad de fortalecer la fiscalización y el cumplimiento de la ley en el sector minero.

El TC advirtió que la permanencia de personas naturales y jurídicas en el Reinfo ha permitido que muchos operen al margen de la legalidad sin enfrentar sanciones. Así lo señaló en su sentencia de mayoría que declaró improcedente la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley 31388, norma que amplió el plazo de vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2024.

El Tribunal fue enfático al señalar que ningún proceso de formalización minera debe contemplar la inmunidad penal frente a delitos ambientales. Asimismo, indicó que los mineros en proceso de formalización deben garantizar la responsabilidad social y ambiental, y ser sancionados si incumplen la normativa bajo el amparo del registro transitorio.

Este fallo marca un precedente importante ante el evidente fracaso de los programas de formalización minera que, tras más de dos décadas, no han logrado encaminar efectivamente a los mineros informales hacia la legalidad. Más bien, han creado espacios de impunidad que favorecen la minería ilegal y el grave daño ambiental en diversas regiones del país.

El abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, criticó duramente la falta de avances en el proceso de formalización, acusando al Congreso y al Ejecutivo de complicidad. Señaló que alrededor de 60 toneladas de oro ilegal salen de Perú cada año, y urgió al Ministerio de Energía y Minas a asumir un rol activo en la fiscalización de las plantas de beneficio e impulsar una verdadera estrategia de formalización minera.