Este año, el Gobierno realizó por primera vez un sinceramiento masivo en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cerrando más de 50,000 registros, de los cuales el 90% llevaba más de cuatro años sin actividad alguna, según informó el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. Esta medida tuvo como objetivo ordenar la actividad minera y combatir la informalidad persistente en varias regiones del país.

El análisis de datos cruzados entre el padrón actualizado del Reinfo y el catastro minero nacional, verificado por Perú21, revela una realidad más compleja de lo que se pensaba: la mayoría de los conflictos en el sector minero ocurren entre pequeños mineros, incluyendo a los mineros artesanales.

Tras esta depuración, el registro activo muestra un total de 31,576 Reinfos en operación. De este total, el 12% corresponden a plantas de procesamiento y el 88% restante a actividades de explotación minera, es decir, a quienes están realmente extrayendo minerales del subsuelo.

Un dato relevante es que el 80% de estos Reinfos, cerca de 22,359 registros, se encuentran en concesiones oficialmente registradas. Sin embargo, solo el 7% opera en concesiones que les pertenecen a ellos mismos; el 93% restante extrae minerales en concesiones que pertenecen a terceros, lo que genera numerosos conflictos legales y disputas territoriales.

De estos conflictos, el 70% se produce entre pequeños mineros o mineros artesanales, quienes operan sobre concesiones de otros pequeños mineros, mientras que solo un 30% afecta terrenos de grandes o medianas empresas. Esta situación evidencia que el principal problema está en la pequeña y mediana minería, donde muchos mineros no comprenden bien cómo adquirir un título formal.

Iván Arenas, analista político y experto en minería, explicó que la formalización real pasa por la gran minería, que representa solo el 31% del sector, mientras que la mayoría sigue enfrentando problemas. “El problema principal está en la pequeña y mediana minería”, afirmó.

Finalmente, tras la depuración, el Reinfo muestra una reducción significativa en distritos clave como Mariano Nicolás Valcárcel, Ananea e Inambari, entre otros. Esta nueva información debería servir como base para la elaboración de un nuevo marco legal para la pequeña minería y minería artesanal, que actualmente se discute en una Mesa Técnica del Gobierno.