Durante años, las noticias sobre minería en el Perú estaban vinculadas al crecimiento económico, la atracción de inversiones y la promesa de desarrollo. Sin embargo, esa imagen ha cambiado drásticamente. Hoy, las noticias mineras suelen estar relacionadas con crímenes graves, violencia y amenazas a la estabilidad fiscal del país, con un panorama cada vez más dominado por la minería ilegal.

Una encuesta de Ipsos publicada por Perú21 en mayo de este año reveló que el 81% de los peruanos percibe la minería ilegal como una amenaza directa a la seguridad nacional. En la reciente convención minera Perumin, se alertó sobre cómo esta actividad ilícita no solo frena el desarrollo económico, sino que también infiltra el poder político a través del financiamiento de campañas y autoridades locales.

El epicentro de esta crisis es la provincia de Pataz, ubicada en la región La Libertad. Esta zona andina, con alrededor de 86 mil habitantes, ha sido tomada por organizaciones criminales que operan en minas informales o en minas legales invadidas, muchas de ellas protegidas bajo el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Hasta mediados de este año, la violencia en estas zonas mineras parecía incontrolable.

No obstante, el panorama empezó a cambiar a partir del 9 de mayo, cuando se activó el Comando Unificado Pataz (CUPAZ), a cargo del orden interno en la zona. Desde entonces, se han logrado importantes avances contra la minería ilegal, con pérdidas económicas para estas redes criminales que superan los 240 millones de soles. Estas acciones finalmente están mostrando resultados concretos tras el estado de emergencia declarado en febrero de 2024.

El CUPAZ opera bajo el Comando Operacional del Norte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Integra efectivos de élite del Ejército, la Marina (FOES), la Fuerza Aérea (DOES) y unidades especiales de la Policía Nacional, todos con la misión de recuperar el control territorial y restablecer la legalidad en Pataz.

Con apoyo del Comando de Inteligencia y Operaciones Conjuntas (CIOEC) y servicios de inteligencia del Ejército, el CUPAZ ha realizado 33 operativos entre mayo y septiembre. Uno de los más importantes fue el Operativo Lobo en el Anexo Pueblo Nuevo, que provocó pérdidas de casi 57 millones de soles a los ilegales. Otro, el Operativo Avatar I en Suyubamba, significó más de 42 millones de soles en perjuicio para estas mafias.

También destacan el Operativo Armagedón I en Zarumilla, con un golpe de más de 43 millones de soles, y el Operativo Choque Amaru I en La Ciénega, que afectó a las redes ilegales con pérdidas de más de 24 millones. En total, se han intervenido 70 bocaminas, 22 socavones y 52 campamentos, incautando maquinaria pesada, miles de explosivos y armamento de guerra que mantenía en zozobra a la población.

Iván Arenas, analista político y experto en minería, destacó que el cambio clave fue estratégico: «El Ejército entendió que el control territorial y el bloqueo de rutas ilegales era fundamental». También subrayó que la presencia de las Fuerzas Armadas genera una percepción positiva en la ciudadanía. No obstante, advierte que aún es necesario contar con mayor especialización técnica para ingresar a los socavones y erradicar completamente estas actividades criminales.