La minería ilegal, una de las actividades más perjudiciales para el medio ambiente y la economía en el Perú, ha encontrado en la provincia de Pataz, en La Libertad, uno de sus principales focos. Esta región, rica en oro, ha atraído a grupos informales que extraen el metal sin ningún tipo de regulación. A pesar de los esfuerzos del gobierno para frenar la actividad ilegal, las redes de minería clandestina siguen operando con éxito, adaptándose a nuevas tácticas para evadir la intervención del Estado. Una de estas estrategias es el uso indebido del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), documento que les permite transitar libremente con mineral extraído de manera ilícita.

Las mafias que operan en Pataz invierten grandes sumas de dinero, hasta US$4.000 por metro cuadrado, en la construcción de socavones con maquinaria pesada, robando el oro a los mineros formales. En la ciudad se han construido aproximadamente 200 socavones que cuentan con alta ingeniería, lo que hace más difícil el control por parte de las autoridades.

En Pataz, las mafias dedicadas a la minería ilegal operan sin temor a represalias del Estado. Según un reportaje de Cuarto Poder, en los últimos tres años se han registrado varios atentados, resultando en la muerte de 18 trabajadores de Minera La Poderosa, la única empresa que opera legalmente en la zona. El analista político Iván Arenas explicó que no se trata de pequeños campesinos, sino de grupos organizados que están dispuestos a invertir grandes cantidades de dinero en la construcción de socavones con maquinaria pesada para robarle el oro a las empresas legales.

Los mineros informales han ocupado la región en busca de oro, cuyo valor oscila entre US$2.700 y US$2.800 por onza. Esta actividad ilegal ha elevado el precio de la tierra en la zona, alcanzando hasta US$1.200 por metro cuadrado, un valor superior al de muchos distritos de Lima. Un representante de Minera La Poderosa indicó que, mientras la empresa realiza trabajos de minería formal, los ilegales también excavan en las mismas áreas con el fin de interceptar las vetas y robar el mineral.

Además del robo del oro, las mafias organizadas también capturan a los trabajadores para forzarlos a trabajar en condiciones precarias durante varios días, con el objetivo de apoderarse del mineral extraído. El oro extraído ilegalmente es transportado a través de una única zona de control policial, el Puente Chagualito. Sin embargo, los mineros ilegales logran burlar la autoridad mostrando el REINFO, un documento que se creó para formalizar a los mineros artesanales, pero que hoy en día se ha convertido en una herramienta que las mafias utilizan para operar fuera de la ley.

El REINFO permite que los mineros ilegales digan que están en proceso de formalización, lo que les permite evitar el control policial. Según Arenas, los mineros ilegales pueden presentar el documento y, al hacerlo, las autoridades les permiten pasar sin mayor revisión. Este hecho no solo representa una pérdida para el Estado, sino que también afecta a las empresas formales que operan legalmente en la zona.

Cada día, desde Pataz, salen 700 volquetes con mineral extraído ilegalmente hacia las plantas de tratamiento en Trujillo, donde el oro es procesado y comercializado en Perú y en otros países. Esta situación persiste debido a la falta de control efectivo y la corrupción dentro de algunas instancias encargadas de supervisar la minería en el país.

Recientemente, el Congreso de la República aprobó una extensión del uso del REINFO hasta el 30 de junio de 2025. Aunque el objetivo declarado es brindar más tiempo para que los mineros informales se formalicen, esta medida ha sido fuertemente criticada por expertos y organizaciones ambientales, que aseguran que solo perpetúa el caos y fomenta las actividades ilícitas. La prórroga facilita el blanqueo de mineral extraído ilegalmente, permitiendo que las mafias continúen operando sin consecuencias.

El Congreso aprobó esta medida en primera votación, y luego exoneró el proyecto de una segunda votación, por lo que ahora se enviará al Poder Ejecutivo para que la presidenta Dina Boluarte la firme. La falta de un control riguroso y la corrupción en algunas instancias generan desconfianza sobre la efectividad de esta prórroga.

Las comunidades afectadas por la minería ilegal, como las de Pataz, siguen demandando soluciones urgentes que prioricen la sostenibilidad y la seguridad. La minería ilegal continúa siendo un grave problema que parece no tener fin, poniendo en riesgo tanto al medio ambiente como a la vida de los trabajadores, mientras el Estado lucha por frenar esta actividad ilícita.