Las acciones de Lupaka Gold (TSXV: LPK; FRA: LQP) experimentaron un fuerte repunte este miércoles, alcanzando niveles no vistos desde junio de 2022. Este salto se produjo tras un fallo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ICSID), que ordena al Estado peruano pagar 65 millones de dólares a la minera canadiense. La demanda, presentada en 2020, ahora cuenta con un laudo final que la compañía ha confirmado públicamente.
El conflicto tiene su origen en octubre de 2018, cuando la comunidad de Parán bloqueó el acceso al proyecto de oro Invicta, ubicado a 120 kilómetros al norte de Lima. Lupaka calificó esta acción como ilegal, ya que paralizó las operaciones de procesamiento y afectó severamente la generación de caja de la empresa. Un año después, la minera perdió el control del proyecto debido a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras.
En noviembre de 2020, Lupaka presentó una demanda ante el ICSID, alegando que el gobierno peruano respaldó a la comunidad que bloqueó el proyecto, violando el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Perú. Solicitó compensaciones por más de 100 millones de dólares. Ahora, la resolución del tribunal determina que el Estado debe pagar 65 millones, aunque Lupaka advierte que el pago no será inmediato y que aún podrían existir etapas legales previas antes de recibir el monto.
Con el fallo firme, se inicia la fase de ejecución donde la minera podrá exigir el pago del laudo. Sin embargo, Perú podría presentar apelaciones o utilizar mecanismos diplomáticos para retrasar el cobro efectivo, que dependerá también de acuerdos políticos y garantías para proteger los activos peruanos. En caso de que Lupaka reciba el pago, su balance financiero se fortalecerá, lo que podría impulsar la reactivación de proyectos tanto en Perú como en Canadá.
Este caso marca un precedente importante para la minería internacional, enviando un mensaje claro sobre la protección jurídica a la inversión extranjera. Aunque el proceso legal no está completamente cerrado, la victoria representa un avance significativo en la credibilidad y respaldo institucional que el sector requiere para operar en entornos complejos.
Además, el laudo afecta más allá de Lupaka, alertando a autoridades locales y comunidades sobre las consecuencias legales y económicas de los bloqueos a proyectos mineros. Para los inversionistas, reafirma que contar con un marco legal sólido es fundamental para enfrentar riesgos operacionales. En la región, esta resolución podría motivar la revisión de estrategias para gestionar conflictos comunitarios, promoviendo consultas efectivas, acuerdos sostenibles y mayor seguridad jurídica para futuras inversiones.
