Después de varios meses de espera, el Congreso iniciará la discusión del dictamen de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), que buscará reemplazar al actual Reinfo. Para este fin, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, convocó a una sesión ordinaria para el martes 3 de junio, donde se analizará esta importante propuesta legislativa.

La urgencia de tratar esta ley radica en que el proceso de formalización minera tiene plazo hasta fines de junio, con la posibilidad de extenderse hasta seis meses más si así lo decide el Ministerio de Energía y Minas (Minem). En este contexto, tanto el Minem como distintos gremios mineros han remitido sus aportes, los cuales serán discutidos en el grupo parlamentario encargado.

Sin embargo, el consenso en torno al predictamen de la Ley MAPE aún está lejos de lograrse. Expertos consultados advierten que el tiempo será insuficiente para su aprobación definitiva, por lo que se podría recurrir a una extensión adicional del Reinfo, cuya vigencia actual termina a fines de junio, conforme a la norma aprobada en noviembre del 2024.

La congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, cuestiona que el proyecto en discusión no representa un cambio real y sólo perpetúa la ilegalidad en la minería. Según Luque, aunque el texto recoge intereses de ciertos grupos, no debería aprobarse sin antes mejorar su redacción, pese a las presiones que existen en el Congreso.

“Lo único que hacen es cambiar el nombre. Si se aprueba así, se mantendrá la ilegalidad. Se deben incluir medidas más rigurosas sobre gestión ambiental, la eliminación progresiva del mercurio y eliminar la exoneración de responsabilidad penal”, afirmó la parlamentaria en entrevista con este medio.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, indicó que la posición del Ejecutivo ya fue presentada con el proyecto de ley enviado en noviembre pasado. Además, se han integrado temas como trazabilidad, beneficios tributarios para la MAPE y la creación de áreas especiales para concesiones, entre otros.

“El Ejecutivo dejó claro su postura con el proyecto presentado en 2024. Ahora, corresponde al Congreso avanzar, aunque es un proceso complejo por los múltiples intereses y conflictos históricos que existen en este sector. Lo importante es que esta ley genere un impacto positivo en la minería artesanal y de pequeña escala”, puntualizó Montero.

El texto del predictamen es una mezcla de iniciativas del Ejecutivo y varios congresistas. Aunque desde enero se realizaron mesas de trabajo para recopilar aportes, recién ahora se presentó una propuesta conjunta. No obstante, la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE) se retiró de estas discusiones, mientras que representantes de pueblos indígenas no han participado activamente.

Entre las críticas destacadas está la redefinición de la minería informal como aquella que no ha iniciado formalización, lo que para algunos especialistas genera un riesgo de impunidad. Además, la exigencia de un contrato de explotación sigue siendo un obstáculo para la formalización, pues si el titular no quiere firmarlo, no hay alternativa legal para avanzar.

Finalmente, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin) ha propuesto incluir derechos de servidumbre, rutas claras para comercialización, reconocimiento de la participación femenina en la minería y facilidades financieras, medidas que han sido parcialmente recogidas en el predictamen, aunque con controversias sobre su constitucionalidad y alcance.