A pesar del crecimiento sostenido de la minería ilegal en el país, el Ejecutivo continúa apostando por el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como principal herramienta de regulación. Sin embargo, las cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem) revelan una realidad preocupante: la diferencia entre la producción oficial de oro y las exportaciones se ha duplicado en los últimos diez años, lo que evidencia una expansión descontrolada de la minería fuera del marco legal.
Solo en febrero de 2025, la producción de oro reportada por el Minem fue de 7,8 millones de gramos finos, mientras que las exportaciones alcanzaron los 15,7 millones. Esta discrepancia indica que cerca del 50% del oro que se vende al extranjero no está registrado formalmente. Aunque se podría atribuir a sobrestock acumulado, los datos históricos lo desmienten. En 2015, esta diferencia era del 23%, lo que confirma una tendencia persistente que plantea una interrogante crítica: ¿de dónde proviene el oro excedente?
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), afirma que aproximadamente la mitad del oro exportado tiene origen ilegal. Esta actividad no solo evade impuestos, sino que también vulnera derechos laborales, genera contaminación ambiental y expone a miles de trabajadores a condiciones indignas. “El Perú pierde con la minería ilegal. Se estima que esta mueve entre US$10.000 y US$12.000 millones al año, sin dejar beneficios tangibles como escuelas, hospitales o carreteras”, sostuvo.
El exviceministro de Minas Guillermo Shinno coincide en que la minería ilegal limita el desarrollo de muchas regiones, al concentrar sus ganancias en pequeños grupos de poder. A su vez, advirtió que la producción formal continúa en descenso, con una caída de 10,9 % en el primer trimestre de 2025. Empresas formales como La Poderosa, ubicada en Pataz, han sufrido constantes ataques de organizaciones criminales ligadas a esta actividad, incluyendo daños materiales y pérdidas humanas.
Gálvez añadió que el Reinfo ha servido de escudo para que la minería ilegal crezca, con la complicidad de algunas autoridades regionales que incluso están inscritas en el registro. “No se puede esperar un cambio real con las medidas actuales”, afirmó. Por su parte, Shinno alertó sobre el riesgo de que el problema se profundice en el contexto electoral. “Habrá candidatos financiados con dinero ilegal que prometerán mantener o ampliar el Reinfo”, subrayó.
Ante este panorama, ambos expertos coinciden en la necesidad de un cambio de estrategia. Shinno propone centrar la fiscalización en las plantas de procesamiento, desde donde se puede rastrear el origen del oro ilegal. “No podemos seguir enfocándonos solo en los pequeños mineros”, indicó. Además, advirtió que el avance de esta actividad está dañando la imagen del país frente a los inversionistas internacionales. “La minería ilegal no solo compromete la producción nacional, también erosiona la confianza y la estabilidad necesarias para atraer capital”, concluyó.
