La minería ha experimentado una significativa transformación a lo largo de los años, pasando de ser simplemente medida por su producción y volumen de extracción, a ser evaluada también por su impacto en las comunidades cercanas a los yacimientos. Este cambio en la percepción fue subrayado por Tamiko Hasegawa, directora del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), quien destacó que, hoy en día, la minería es reconocida no solo por su aporte económico, sino también por su papel en la lucha contra el cambio climático y su contribución a la transición energética.

Durante su participación como panelista en la conferencia magistral organizada por el IIMP en la Semana de la Ingeniería de Minas 2025, Hasegawa profundizó en la necesidad de valorizar el sector minero por su importancia estratégica y su potencial de crecimiento para el país. Según la especialista, es crucial visibilizar los aspectos positivos de la minería y cómo su desarrollo puede impulsar el crecimiento económico a nivel nacional.

Hasegawa también resaltó la importancia de que la minería sea reconocida como una actividad fundamental para el futuro del país. «La minería está articulada a múltiples sectores, como el Planeamiento Estratégico de Desarrollo Nacional, y está estrechamente vinculada a la visión del Perú para el 2050», precisó la experta. Este vínculo con el desarrollo nacional refuerza la idea de que el sector minero no solo contribuye económicamente, sino también al progreso social y ambiental.

Uno de los beneficios más tangibles de la minería es su capacidad para generar empleo en las regiones donde opera. Según Hasegawa, por cada empleo formal generado por la minería, se crean más de seis empleos adicionales en sectores como transporte, proveedores y otros servicios, lo que beneficia directamente a miles de micro y pequeñas empresas (mypes). Esta conexión entre minería y desarrollo local es un aspecto clave de su impacto positivo.

No obstante, la minería también tiene la responsabilidad de mitigar los efectos negativos que puede generar en el medio ambiente. En este sentido, la minería formal está obligada a llevar a cabo un proceso de remediación ambiental al finalizar sus operaciones. Este proceso de restauración tiene como objetivo reparar los daños causados durante las actividades extractivas, y en 2024 se estima que la inversión en este campo alcanzará los $4,600 millones, incluyendo la labor de Activos Mineros SAC (AMSAC), la empresa pública encargada de esta tarea.

El aporte de la minería al país no se limita solo al empleo o la remediación ambiental, sino también a los beneficios económicos que genera para las regiones donde se desarrollan los proyectos mineros. Entre 2015 y agosto de 2024, la minería aportó más de S/55,855 millones a través de conceptos como el canon, las regalías y los derechos de vigencia, los cuales se destinan a los distritos y provincias que albergan los yacimientos mineros.

Uno de los principales receptores de estos aportes es el distrito de San Marcos, en la provincia de Huari, departamento de Ancash, gracias a la explotación de la mina Antamina. Este distrito se considera el más rico del Perú debido a los recursos generados por la minería. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de recursos obtenidos, San Marcos se enfrenta a la crítica de no destinar suficientes inversiones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, lo que plantea un desafío en cuanto a la distribución efectiva de los beneficios generados por la actividad minera.

El caso de San Marcos resalta la necesidad de que las autoridades y las empresas mineras trabajen juntos para asegurar que las comunidades cercanas a las minas puedan experimentar una mejora real en su bienestar, tanto en términos de infraestructura como de calidad de vida. De esta manera, la minería podría convertirse en un motor de desarrollo sostenible y equitativo para las regiones más vulnerables del país.

Finalmente, es importante destacar que la minería, más allá de su rol en la economía, debe ser parte de un modelo de desarrollo inclusivo que integre a las comunidades locales, proteja el medio ambiente y contribuya a la construcción de un Perú más próspero y resiliente frente a los desafíos del futuro.