Como parte de su estrategia para enfrentar de manera decidida la minería ilegal, el Poder Ejecutivo llevó a cabo 960 operativos en todo el país. Estas intervenciones permitieron incautar y destruir maquinaria, insumos y bienes vinculados a esta actividad delictiva, cuyo valor supera los S/ 3700 millones.

El alto comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, destacó que estos resultados fueron posibles gracias al trabajo articulado de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, entidades que actúan en territorio con funciones complementarias.

García Esquerre subrayó que, desde el Ejecutivo, se ha adoptado una visión integral para enfrentar este problema. Según explicó, las interdicciones representan solo una parte de la respuesta estatal, por lo que resulta esencial mantener presencia sostenida en las zonas intervenidas mediante puestos de control y acciones de consolidación.

El funcionario detalló que, luego de las operaciones, se desarrolla una segunda etapa centrada en asegurar la permanencia de las fuerzas del orden en las áreas intervenidas. Esta fase busca evitar el retorno inmediato de mineros ilegales. Posteriormente, se implementa una tercera etapa orientada al sostenimiento de la presencia del Estado mediante controles permanentes, tal como se viene aplicando en la provincia de Pataz.

Asimismo, señaló que la comisión multisectorial encargada de supervisar la formalización minera y erradicar la minería ilegal ha definido tres ejes de acción: formalización, erradicación y recuperación ambiental. Sobre este último, mencionó que se aprobó que el Ministerio del Ambiente diseñe una estrategia renovada con lineamientos específicos.

La nueva propuesta ambiental, afirmó García, apunta a la recuperación de los ecosistemas afectados, pero bajo un enfoque de desarrollo sostenible. Esto implica impulsar mejoras en conectividad, servicios básicos, energía, salud, vivienda y saneamiento, así como promover alternativas económicas viables para las comunidades.

En relación con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), advirtió que su desempeño ha sido limitado, pues solo poco más del 2 % de los inscritos logró culminar su proceso. Alertó que reincorporar los más de 50 mil registros excluidos y evitar nuevas depuraciones debilitaría la lucha contra la minería ilegal, actividad que —junto con otros delitos como el narcotráfico y la trata de personas— impacta directamente en la seguridad ciudadana. Finalmente, señaló que el Ejecutivo ha incrementado el presupuesto destinado a combatir este flagelo y que se continúa trabajando para fortalecer también los recursos de la Fiscalía en materia ambiental.