• Este año nuestro país emitió el primer bono sostenible bajo el “Peru Sustainable Bond Framework”, que enmarca emisiones de deuda del Perú bajo principios “verdes” y de sostenibilidad. 
• Las empresas peruanas que optan por financiamientos sostenibles deben cumplir estándares sostenibles para obtener condiciones financieras más favorables, según Garrigues.

La adopción de prácticas sostenibles en las empresas es crucial para satisfacer la creciente demanda de consumidores conscientes de la sostenibilidad y para obtener beneficios empresariales. La obtención de financiamientos “verdes” y sociales es una tendencia en alza. Sin embargo, la implementación de prácticas sostenibles conlleva desafíos legales, incluyendo regulaciones ambientales y burocracia.

Marco legal de prácticas sostenibles

Las empresas que adoptan prácticas sostenibles se benefician al satisfacer la creciente demanda de consumidores conscientes de la sostenibilidad. Además, la implementación de políticas sostenibles puede resultar en la obtención de certificaciones, como el distintivo de empresa “socialmente responsable”. También existe una tendencia a obtener financiamientos “verdes” o sociales que permiten el acceso a mejores condiciones financieras, lo que contribuye a proyectos ambientales y sociales tanto en el ámbito corporativo como en el gubernamental.

El mercado de bonos sociales, conforme a la International Capital Market Association (ICMA, 2021), respalda proyectos sociales alineados con los Social Bond Principles (PBS), como agua potable, salud y educación. América Latina y el Caribe han experimentado un crecimiento significativo, emitiendo aproximadamente US$700,000 millones en bonos sostenibles en 2020, casi el doble que en el año anterior. Este crecimiento involucra tanto a grandes corporaciones como a emisores gubernamentales.

En ese sentido, el Gobierno peruano ha promovido la sostenibilidad mediante la Resolución Ministerial N° 221-2021-EF/52, que estableció el “Peru Sustainable Bond Framework”. Su propósito enmarcar emisiones de deuda del Perú para financiar proyectos que preserven el medio ambiente y mejoren la calidad de vida, contribuyendo a una sociedad próspera y sostenible, cumpliendo con los altos estándares internacionales de los Principios de Bonos Verdes de la ICMA en 2021. Después de dos años, en mayo de 2023, se emitió el primer bono sostenible bajo este marco.

Desafíos legales en la implementación de proyectos sostenibles

Para el socio del Departamento Mercantil de Garrigues, Diego Harman, las empresas peruanas han adoptado la obtención de financiamientos sostenibles como una estrategia clave. Estos financiamientos temáticos imponen requisitos que exigen a las empresas cumplir con estándares y metas sostenibles, a cambio de condiciones financieras más favorables.

La certificación de estos financiamientos se logra mediante Second Party Opinions (SPO), emitidas por expertos en sostenibilidad. Proporcionan una evaluación adicional del contenido de los financiamientos “verdes” o sociales, promoviendo transparencia y confianza en los mercados financieros sostenibles. Obtener una SPO demuestra el compromiso de las empresas con la sostenibilidad y reafirma la obtención de un financiamiento sostenible.

La implementación de prácticas sostenibles en el ámbito empresarial enfrenta desafíos legales significativos, como la burocracia y los largos plazos de respuesta gubernamental y de certificación. Cumplir con regulaciones ambientales y de sostenibilidad es esencial pero complejo, requiriendo recursos considerables y conocimientos legales especializados. Esto lleva a las empresas a evitar proyectos hasta que exista regulación ministerial favorable.

El cumplimiento normativo y la responsabilidad empresarial desempeñan un papel esencial en el desarrollo sostenible. “La asesoría legal especializada es un recurso crítico para las empresas que buscan cumplir con los requisitos legales y operar en el mercado con un enfoque sostenible. En el entorno legal se presentan desafíos significativos, como la burocracia y los plazos prolongados para obtener respuestas de las entidades estatales”, mencionó Diego Harman.

Superar estos obstáculos legales es esencial para impulsar la sostenibilidad en el ámbito empresarial. Ante este panorama, la asesoría legal especializada se convierte en un recurso vital para garantizar que las empresas cumplan con los requisitos legales y operen de manera sostenible en un entorno complejo y en constante evolución. Esto no solo es clave para su éxito, sino que también les permite mantenerse a la vanguardia en un mercado altamente regulado.