El Perú atraviesa un escenario de elevada tensión social, reflejado en el incremento de los conflictos a nivel nacional. Según la Defensoría del Pueblo, en noviembre se registraron 204 conflictos sociales, entre activos y latentes, la cifra más alta del último año, de acuerdo con información difundida por el diario Gestión.

Del total de conflictos reportados, los socioambientales representaron el 48.5%, con 99 casos. La mayoría de estos estuvo relacionada con actividades mineras, concentrando 61 conflictos vinculados directamente a este sector productivo.

Durante la presentación de un análisis del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM), José de Echave, investigador de CooperAcción, señaló que la expansión de la minería ilegal se ha consolidado como una de las principales fuentes de conflictividad social en el país.

El especialista explicó que, si bien los conflictos entre las poblaciones y la gran minería continúan, hoy se suman nuevos factores. Entre ellos destaca el crecimiento de la minería informal y abiertamente ilegal, un problema presente prácticamente en todos los departamentos del Perú.

En cuanto a la distribución territorial, de los 204 conflictos sociales registrados, más del 50% se concentran en Loreto, Puno, Cusco, Lima Metropolitana, Áncash y Piura. Alejandro Mirones, de CooperAcción y responsable de la información del OCM, precisó que esta conflictividad se ha intensificado especialmente en la Amazonía, donde la minería ilegal se encuentra estrechamente vinculada a otras economías ilícitas.