El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) publicó un comunicado que anula el usufructo de 12.207 hectáreas en favor de la compañía minera Zafranal. En esa extensa área, entre las provincias de Castilla y Caylloma, esta compañía tiene previsto explotar depósitos de cobre con baja concentración de oro.

La decisión de la institución arequipeña, mediante su unidad adscrita Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), se trae abajo una inversión de US$1.263 millones y que incluso estaban contemplada dentro del programa de reactivación Con Punche Perú. Una fuente allegada a la operación minera ha sostenido que con esta decisión Zafranal es insostenible. Los terrenos que le retira el GRA al proyecto representa el 85% del proyecto, ahí está todo el componente fundamental.

Esta iniciativa de capitales canadienses y japoneses tiene su proyecto en la parte final de la evaluación de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a cargo de Sineace. De acuerdo a este visto bueno tenía previsto iniciar la construcción de la mina el próximo año.

Argumentos del GRA

La cesión de los terrenos para el proyecto minero se aprobó en la gestión de la anterior gobernadora regional Kimberlee Gutiérrez. Sin embargo, un informe de control interno de Autodema advierte vicios en el acuerdo. Por ejemplo, cuestionan la validez de la tasación y el precio en que se entregaron los terrenos por un periodo de 30 años.

La Oci precisa que, de acuerdo a la norma nacional, esta tasación debieron efectuar los órganos adscritos al Ministerio de Vivienda. Zafranal ha recurrido a la empresa JP Planning SAC y ha aclarado que la tarifa por el usufructo del terreno no es plana, irá variando de acuerdo al índice de precios al consumidor y al avance del proyecto. Hay un reajuste anual.

El comunicado indica que la minera no cumplió con precisar la causal a la que se acogió para solicitar la constitución directa de derechos de usufructo, conforme a ley. También le acusan de incumplir con presentar un informe de la autoridad sectorial competente que califique el proyecto de inversión como tal, pronunciándose sobre el tiempo requerido para la ejecución del mismo. Afirman que la declaración de ser un proyecto de interés nacional, no constituye la autorización para la ejecución de Zafranal.

“Se mencionan solo 19 años de vida de la mina, por lo que no se justifica el plazo de 30 años que le fueron otorgados a Zafranal” precisa el comunicado al tiempo de precisar que la compañía tiene cinco días de plazo para responder por esta decisión.