Lun. Ene 30th, 2023

Los conflictos sociales siguen en alza. Se registraron 211 en setiembre, de acuerdo a cifras de la Defensoría del Pueblo. Dos más que en agosto y 13 más que en setiembre del año pasado. Salvo una pequeña reducción en mayo, la cifra ha venido creciendo de forma sostenida durante el último año.

La misma tendencia sigue el número de conflictos sociales que están activos: fueron 152 el mes pasado, diez más que hace un año. En general, todas las curvas del reporte muestran que la ligera mejora de mayo ya ha sido revertida o va camino a revertirse. En el comparativo interanual, el aumento es claro.

La alta conflictividad ha derivado en que se registren 351 acciones de protesta -marchas, plantones, bloqueos de vías, enfrentamientos con las autoridades, etc.- en setiembre, una cifra que más que duplica a los 160 de mayo último. El entorno social del país registra hoy crecientes niveles de conflictividad.

Minería y el agua

Los empresarios que enfrentan mayores problemas son los mineros. En setiembre ese sector registró 70 conflictos activos, lo que equivale al 67% de todos los choques por causas socioambientales que están en curso. En segundo lugar, pero lejos, está el agonizante sector de hidrocarburos, con 21 conflictos activos.

Setiembre se convierte en el mes con más conflictos sociales activos en minería desde hace 66 meses. En marzo del 2017 se reportó la última cifra más alta en minería con 71 casos. Ver gráfico adjunto.

“Los conflictos sociales han costado alrededor de 2.3 puntos porcentuales de crecimiento del sector minero metálico; es decir, más de S/ 20,080 millones. Esta situación compleja se debe a que no hemos logrado como país que la riqueza económica de la minería genere bienestar y desarrollo en las comunidades, en especial para los más pobres”, dijo durante presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres en su exposición en la clausura de la convención Perumin 35, en Arequipa.

Si bien en los reportes de la Defensoría es común que la actividad extractiva esté vinculada a la mayoría de los choques por causas sociales y ambientales a nivel nacional, la minería enfrenta hoy una realidad cada vez más compleja. La cifra de conflictos activos relacionados con ese sector es la más alta en más de un año.

Además, tres de los cinco conflictos nuevos que aparecieron en setiembre son protestas de ciudadanos contra proyectos mineros. Una de ellos, por ejemplo, es el de los agricultores de la provincia de Islay, en Arequipa, que reclaman que se haya dado licencia a la mina Quellaveco para usar agua de dos ríos de la cuenca del río Tambo (ver vinculada). Les preocupa, según el reporte de la Defensoría, que no haya suficiente recurso hídrico para la actividad agrícola.

“Uno de los temas que resalta en los conflictos, sobre todo los relacionados con minería e hidrocarburos, es el del agua. Las demandas, casi siempre, tienen que ver con dos aspectos: la preocupación por la disponibilidad futura de agua y el temor ante la posibilidad de que se contaminen las cuencas que sirven como fuentes de agua”, apunta Estelí Vela Cáceres, politóloga de la PUCP y especialista en conflictos sociales.

Otro de los conflictos que se agregó a la lista en setiembre, por ejemplo, es el derivado del reciente derrame de petróleo del Oleoducto Norperuano en la quebrada de Cuninico, en Loreto. Sigue la misma tendencia: las comunidades denuncian la contaminación de sus fuentes de agua. También hay conflictos relacionados con la disponibilidad o contaminación del recurso hídrico en Áncash, contra las mineras Barrick Misquichilca y Antamina; en Ayacucho, contra la minera Ares; en Cajamarca, contra Anta Norte, y un largo etcétera.

Estrés hídrico

Vela Cáceres explica que en los choques entre las asociaciones de riego o las juntas de usuarios de agua de zonas agrícolas y la actividad minera suelen haber -entre otras causas- fallas por parte de las instituciones públicas. Ya sea porque dimensionan mal la cantidad de agua usada por los agricultores, por no estar formalizada, o por una mala implementación de las políticas de fiscalización ambiental. Las principales responsables de estos temas son la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Pero más allá del proceder de los actores públicos, la especialista augura que el número de conflictos en torno al recurso hídrico seguirá creciendo. “Vivimos en una situación de estrés hídrico. La cuenca del Valle de Tambo, por ejemplo, está bajo estrés hídrico. Los conflictos por el agua van a aumentar”, dice. Según el mapa de riesgo de agua del World Resources Institute, la costa sur del Perú tiene un riesgo hídrico “extremadamente alto”.

Si bien la minería registra conflictos de otros tipos -sobre todo relacionados con Las Bambas, en Apurímac-, el agua sí es un elemento recurrente en la mayoría de los casos. “Si algo viene sucediendo de forma repetida, tantas veces, significa que no es un problema de una empresa ni un valle específico”, agrega Vela Cáceres.

Nuevos choques: El Valle de Tambo contra Quellaveco y el Oleoducto

Dos conflictos que se agregaron en setiembre al reporte mensual de la Defensoría del Pueblo destacan por estar vinculados a grandes infraestructuras extractivas. El primero es el reclamo de las juntas de usuarios de agua del Valle de Tambo, de La Ensenada-Mejía y de Punta Bombón contra la mina Quellaveco, de la británica Anglo American, que está en pleno arranque de operaciones en estos días.

Los primeros señalan que la mina, ubicada en Moquegua, usará el agua de dos ríos afluentes de la cuenca del Tambo. Ellos temen que esa operación luego afecte la disponibilidad del recurso para las actividades agrícolas en la provincia de Islay, en Arequipa.

El otro conflicto está en Loreto, donde comunidades nativas de esa región denuncian que se han contaminado sus fuentes de abastecimiento de agua y provisión de alimentos tras el reciente derrame de petróleo del Oleoducto Norperuano en la quebrada de Cuninico. La infraestructura es operada por la estatal Petroperú. Las comunidades de los distritos de Urarinas y Parinari demandan que se declare en emergencia ambiental y sanitaria la zona. También que se les provea de alimentos, agua y servicios de salud.

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