El lunes 16 de junio de 2025, el tribunal comercial de Bamako ordenó la administración estatal temporal del complejo aurífero Loulo-Gounkoto, una de las minas más importantes de Barrick Mining en Mali. La medida marca un giro crítico en la disputa entre la minera canadiense y el gobierno maliense, relacionada con impuestos y derechos de propiedad en uno de los principales yacimientos de oro del país.

La decisión judicial responde a una solicitud formal del Estado, que busca reactivar la operación minera ante los altos precios del oro. El tribunal nombró como administrador provisional a Soumana Makadji, exministro de Salud, por un periodo de seis meses. La mina ha permanecido cerrada desde enero, tras la incautación de tres toneladas de oro y la suspensión de exportaciones impuesta por el gobierno.

El conflicto se originó el año pasado, luego de la adopción de un nuevo código minero que aumentó las obligaciones fiscales y otorgó al Estado mayor capacidad para ampliar su participación en los proyectos extractivos. Barrick ha calificado la intervención judicial como arbitraria y anunció que presentará una apelación ante los tribunales malienses.

La paralización del complejo Loulo-Gounkoto ha tenido un fuerte impacto operativo y financiero para Barrick, ya que representaba el 14 % de su producción global. La compañía estimaba ingresos superiores a los mil millones de dólares en 2025, aprovechando los precios récord del oro. Sin embargo, los costos mensuales de mantener la mina cerrada alcanzan los 15 millones de dólares, lo que ya ha llevado a excluir este activo de sus proyecciones anuales, afectando negativamente sus acciones en la Bolsa de Toronto.

Además de la apelación local, Barrick ha iniciado un proceso de arbitraje internacional ante el CIADI, organismo del Banco Mundial, argumentando que Mali ha incumplido principios legales fundamentales. La empresa busca proteger sus inversiones mediante medidas provisionales que impidan daños adicionales o la pérdida definitiva de sus activos en el país.

Pese a las tensiones, se mantienen abiertos algunos canales de diálogo. El gobierno permitió a Barrick repatriar hasta el 20 % de sus beneficios, una concesión inédita en el sector minero local. Sin embargo, el desacuerdo sobre la jurisdicción legal persiste: la empresa exige resolver disputas a través de mecanismos internacionales, mientras Mali insiste en que se respeten los tribunales locales. A medida que se acerca el vencimiento del permiso de operación en febrero de 2026, este conflicto se perfila como decisivo para el futuro de la inversión extranjera en el país y la estabilidad del sector minero africano.