Lun. Ago 8th, 2022

A días de cumplirse dos meses de paralización de sus actividades, la empresa Southern Perú Copper Corporation solicitó a los miembros de la Comisión de Energía y Minas del Congreso el apoyo oportuno de las autoridades a fin de evitar el cierre de la mina Cuajone y las consecuencias económicas para el país.

Durante su participación en dicha comisión, el presidente de Southern Perú, Óscar González Rocha, y el superintendente de Relaciones Públicas, Guillermo Vidalón, señalaron que el acta firmada por la comitiva de alto nivel del Ejecutivo, la compañía minera y representantes de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, el pasado 12 de abril, no incluye el cese inmediato de la medida de fuerza tomada por los comuneros.

Si cerramos un año, el Estado dejaría de percibir más de S/ 3,100 millones por impuestos y regalías, y se perderían 8,000 puestos de trabajo directos e indirectos. Eso es lo que queremos evitar”, indicaron.

En ese sentido, mencionaron que no hay soluciones claras ni específicas para resolver el conflicto.

A la fecha, las autoridades han dialogado, pero no han intervenido para recuperar el orden y garantizar la seguridad de nuestros 1,300 trabajadores y sus familias”, precisaron.

Continúa el bloqueo

Southern Perú informó que, en el acta firmada tras la reunión realizada en la víspera, se exige a la empresa retirar las denuncias contra los promotores de la medida de fuerza, sin embargo, continúa el bloqueo de la vía férrea para el transporte de minerales e insumos y la toma del reservorio artificial de Viña Blanca, que abastece de agua a la operación y al campamento minero que acoge a más de 5,000 personas.

Indicaron que las denuncias de la empresa han sido realizadas directamente contra dos promotores: Dionilde Flores Calisaya, presidenta de la comunidad, e Iván Mendoza, uno de los dirigentes.

Como se recuerda, hace más de 50 días los miembros de comunidad de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala bloquearon la vía férrea, impidiendo así las actividades de la mina Cuajone.

En consecuencia, más de 5,000 personas, incluyendo trabajadores y sus familias, se ven privados del servicio regular de agua, así como su derecho al trabajo en un ambiente de inseguridad ante las acciones de los manifestantes. A ello, se suma el colapso del Hospital de Cuajone (Nivel II) y la postergación del inicio de clases presenciales en la localidad, lo cual afecta a más de 600 escolares.

Por admin


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